El fiscal retiró hoy la acusación por un delito de prevaricación contra el alcalde de Mazarrón, Francisco Blaya, del PP, el concejal del Partido Independiente por Mazarrón (PIxM), Domingo Valera, y el ex interventor Pedro Sánchez en el juicio que se celebró en la Audiencia Provincial de Murcia por los anticipos a Valera.

Fuentes judiciales indicaron que, en una progresiva degradación de la acusación, el Ministerio Público mantuvo sólo el delito de malversación y dejó a criterio de la Sala aplicar una atenuante por haberse reintegrado las cantidades que el edil independiente recibió entre septiembre de 2003 y agosto de 2005, que ascendieron a 33.000 euros.

Aunque a efectos formales la acusación estatal mantuvo su petición de condena por el artículo que condena la malversación con penas de prisión de tres a seis años e inhabilitación, dejó abierta, como alternativa, la posibilidad de que el tribunal pueda condenar por otro artículo que limita la pena a multa de seis a doce meses y suspensión de empleo o cargo público.

Fuentes de las defensas dijeron que, de aplicarse la atenuante propuesta por el fiscal, "las penas podrían quedar limitadas a una multa".

El juicio, que quedó visto para sentencia, comenzó con la declaración del que era interventor municipal en el momento en que ocurrieron los hechos, Pedro Sánchez, quien afirmó a la Sala que en varias ocasiones trasladó al concejal de Hacienda, Segundo Muñoz, su inquietud por los anticipos dados a Valera.

"Empecé a preocuparme al ver que seguían concediéndose anticipos y que no se reintegraban, y era rara la semana que no le planteaba el tema al concejal para que a su vez lo comentara con el alcalde y se regularizara la situación", señaló.

Añadió que en una ocasión adjuntó al mandamiento de pago un escrito con las observaciones que hacía respecto a que era preciso efectuar la devolución del dinero, pero este documento no ha sido encontrado.

El ex interventor municipal, que es vicesecretario general de la Agrupación Socialista de Mazarrón, declaró también que, en su opinión, no hubo ilegalidad en su actuación, porque había un vacío legal, además de que los anticipos estaban autorizados por el alcalde y fueron devueltos en su totalidad, por lo que no hubo daño para el erario público.

Por su parte, el alcalde de Mazarrón, Francisco Blaya, declaró que el cese del anterior interventor no se produjo a raíz de sus críticas a la concesión de los anticipos, "sino porque una habilitada nacional se interesó por este puesto".

Aseguró que el ofrecimiento para que se liberaran se hizo no sólo a Valera, sino a todos los portavoces de los grupos municipales, aunque el del Grupo Socialista no lo aceptó.

Dijo que en un determinado momento, Valera le dijo que pasaba por una situación económica difícil, y que si le podía dar un anticipo a cuenta de sus honorarios como concejal liberado, y él entendió que se podía acceder a esa petición.

Señaló que el concejal de Hacienda le comentó que había hablado con el tesorero y con el interventor y que convenía que Domingo Valera fuese devolviendo el dinero, lo que empezó a hacer desde enero de 2004.

El primer edil negó que estos pagos fuesen una contraprestación para asegurarse el voto de este concejal independiente, ya que siempre creyó "obrar dentro de la legalidad, porque no había nada oculto, todo se documentaba y registraba y había una partida presupuestaria para hacer estos pagos".

En cuanto a la deuda tributaria que Valera mantenía con el Ayuntamiento por el pago de impuestos, manifestó que no era competencia suya, sino de la recaudación ejecutiva, y que el recaudador ha demostrado que los recibos de este concejal seguían el mismo ritmo que los del resto de contribuyentes, por lo que nunca hubo ningún trato de favor.