Junta publica la orden para la elaboración de los PGC de acuerdo con el escenario de la crisis de la COVID

La Consejería de Economía y Hacienda ha publicado este viernes en el Boletín Oficia de Castilla y León (BOCyL) la Orden por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad (PGC) para el año 2021 que canalizarán los recursos extraordinarios para hacer frente al impacto de la triple crisis, sanitaria, económica y social causada por la COVID-19, e impulsar la sanidad, la educación, los servicios sociales y los principales servicios públicos, y a reactivar la economía y el empleo

El texto tiene en cuenta la incidencia de la pandemia en una crisis sanitaria "sin precedentes" que ha obligado a la declaración del estado de alarma y al establecimiento de "severas" medidas de confinamiento de la población, lo que ha causado "un importante impacto en la actividad económica", según ha subrayado la Consejería.

Los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2021, que canalizarán todos estos recursos extraordinarios destinados a mitigar el impacto de la pandemia, prestarán especial atención a las infraestructuras y equipamientos de carácter sanitario, educativo y social, y aportaran importantes recursos para actividades relacionadas con el empleo y la inversión.

La Orden publicada este viernes, conforme a la Ley de Hacienda de la Comunidad, dicta las normas para elaborar los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2021, en la que se establecen los criterios de presupuestación, su ámbito institucional, la estructura de los ingresos y gastos que lo componen, así como las comisiones participantes en el proceso de elaboración. Asimismo, la orden relaciona la documentación requerida y sus plazos de cumplimentación.

Los recursos disponibles entre los distintos programas de gasto tendrán como líneas fundamentales las cinco grandes prioridades que el Gobierno de la Junta de Castilla y León estableció al inicio de esta legislatura.

En primer lugar, se busca "desarrollar una política fiscal que fomente la inversión y el emprendimiento, que apoye a las familias, a los jóvenes y al mundo rural", así como "impulsar una política económica que mejore la competitividad y la creación de empleo".

Asimismo, acordar una nueva financiación autonómica que "atienda al coste real de los servicios públicos", considerando "adecuadamente" la extensión territorial de la Comunidad y la dispersión de la población, así como el envejecimiento y la baja densidad demográfica.

ENDEUDAMIENTO "SOSTENIBLE Y RESPONSABLE"

Finalmente, se busca priorizar una política "sostenible y responsable" en materia de endeudamiento y de contención del déficit público, y consolidar una política presupuestaria que mantenga "la vocación de liderazgo en la calidad y nivel de prestación de los servicios públicos", así como en la capacidad de "mejorar las ventajas comparativas como autonomía".

La Junta de Castilla y León ha recordado la puesta en marcha durante la pandemia acciones con la aportación de recursos extraordinarios para reforzar el sistema sanitario, los servicios sociales y educativos y el sector económico, con ayudas para paliar los efectos de la ralentización económica motivada por el confinamiento.

En este sentido, el Ejecutivo autonómico subraya que esta triple crisis sanitaria, económica y social "ha obligado a afrontar importantes gastos, absolutamente necesarios, para garantizar la adecuada asistencia sanitaria a las personas afectadas por la enfermedad, para garantizar la prestación de los principales servicios públicos y para dar respuesta a situaciones económicas y sociales de aquellos que se han visto especialmente perjudicados por las consecuencias de la COVID-19".

Por otra parte, el pasado 16 de junio, se ha firmado el Pacto de Recuperación Económica, Empleo y Cohesión Social de Castilla y León, cuya dotación económica se destinará fundamentalmente a llevar a cabo un plan plurianual de inversiones sociales, para reforzar la Sanidad, la Educación, los Servicios Sociales y los principales servicios públicos, y a reactivar la economía y el empleo.

Además, la Unión Europea ha llegado a un acuerdo de reconstrucción, dotando un fondo para la recuperación económica de 750.000 millones de euros, una parte importante de los mismos, 310.000 millones, a fondo perdido y el resto en forma de créditos. España se va a beneficiar de este fondo en una cuantía estimada de 140.000 millones de euros, de los que 72.700 millones serán recibidos como transferencias y el resto, 67.300 como créditos.

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