También se establece la posibilidad de devolución de las cuantías abonadas por matrícula cuando, antes del 15 de octubre, el alumno solicite justificadamente su anulación.

Así se establece en el decreto que el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado este viernes por el que se fijan los precios públicos de las enseñanzas para la obtención de títulos oficiales en la Universidad de Extremadura en el curso académico 2020/2021.

En ese sentido, la Junta de Extremadura explicado que su decisión de no elevar los precios públicos a satisfacer por el alumnado de la UEx pretende "no incrementar los esfuerzos económicos de las familias y evitar la exclusión del alumnado por razones económicas".

Asimismo, el Ejecutivo extremeño mantiene determinados beneficios en el pago de las matrículas no sólo al alumnado en situaciones económicas y sociales específicas, como familias numerosas, estudiantes con discapacidad, o víctimas de terrorismo, sino que, además, para el curso 2020/21 vuelve a aplicarse la exención en el pago a personas refugiadas u que ostenten derecho a la protección de conformidad con la legislación.

Igualmente, se bonificará el 99 por ciento del importe de los créditos correspondientes a las asignaturas aprobadas en el curso académico precedente, en el caso de Grados, o hasta en los dos cursos inmediatamente anteriores al comienzo de los estudios de másteres, siempre que los créditos aprobados en primera matrícula no sean objeto de otro tipo de bonificación o exención en el mismo curso, una medida que se puso en marcha en el curso 2019-20.

Y, como consecuencia de la crisis sanitaria de la Covid 19, se establece que los beneficiarios del ingreso mínimo vital a quienes se haya reconocido esta prestación entre los meses de junio y diciembre de 2020, estarán exentos del pago de los precios públicos por servicios académicos universitarios por la realización de estudios para la obtención de títulos de carácter oficial durante el curso 2020-2021.

El importe de esta exención será de aplicación a los beneficiarios de la prestación del ingreso mínimo vital a los que se les denegase la concesión de una beca de la Administración General del Estado para cursar estudios postobligatorios en dicho curso por superar los umbrales de renta y patrimonio establecidos en la normativa correspondiente.

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POSTALES

Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha autorizado la contratación, por acuerdo marco, de la prestación de servicios postales en la Junta de Extremadura, sus organismos autónomos y otros entes adheridos, sujeto a condiciones medioambientales.

Los servicios postales se contratan de forma centralizada debido a que su prestación es "generalizada, con un volumen y un gasto considerable", y por último es posible definir las características de homogeneidad, por lo que cumplen los requisitos establecidos en la normativa que regula los procedimientos de contratación centralizada de servicios y suministros de la Junta de Extremadura.

Explica además la necesidad de contratar el Acuerdo Marco deriva del hecho de que van a finalizar los dos acuerdos marco vigentes suscritos con la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos.

COMPRA DE 33 EQUIPOS PORTÁTILES

Finalmente, el Consejo de Gobierno también ha sido este miércoles informado de la contratación, por el procedimiento de emergencia, del suministro de 33 equipos informáticos portátiles destinados a la Abogacía General de la Junta de Extremadura, por un importe de 35.078 euros.

Dicha emergencia, derivada de la crisis sanitaria actual, se debe a la "inminente avalancha procesal y al trabajo" que desarrolla todo el personal de la Abogacía General en modo remoto, a través de VPN, lo que "hace que se dependa de la operatividad técnica de los equipos que la sustentan, comprobando que las actuales dotaciones tecnológicas no la garantizan".

Este hecho, unido al "previsible incremento de la actividad contenciosa" requerirá una atención más inmediata por parte de la Abogacía General, "a fin de no colapsar la defensa procesal de la Administración, sus autoridades y funcionarios, por lo que se ha apreciado la emergencia de sustituir los actuales equipos informáticos personales", explica el ejecutivo regional.

Igualmente, la posible y cada vez más frecuente celebración de juicios virtuales como consecuencia de las medidas sanitarias adoptadas, precisa la "plena implementación de herramientas tecnológicas en los procedimientos, en especial en la celebración de actuaciones judiciales a través de medios telemáticos", concluye.