El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 5 de Cataluña ha aceptado suspender el tercer grado de los presos del 1-O a raíz del recurso que la Fiscalía Provincial de Barcelona ha presentado este mismo martes, por lo que este miércoles ya no saldrán de prisión. Desde el pasado 14 de julio, los cinco presos únicamente iban a dormir a la cárcel de lunes a jueves.
Así, el juez ha aceptado, como pidió el fiscal horas antes, que el recurso tenga efectos suspensivos y tramitarlo de forma preferente y urgente, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).
Esta decisión afecta a seis de los nueve presos del procés, en concreto al expresidente de la ANC, Jordi Sànchez; al líder de ERC, Oriol Junqueras; al presidente de Òmnium, Jordi Cuixart; y a los exconsellers Raül Romeva y Joaquim Forn, mientras que el Juzgado de Vigilancia Penitienciaria 1 deberá posicionarse sobre el recurso que afecta a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell.
La Fiscalía había pedido que suspendiera de forma inmediata el tercer grado a seis de los nueve presos del procés para evitar que la semilibertad cree una "total sensación de impunidad". La condición del tercer grado fue ratificada por la Generalitat el pasado 14 de julio tras la aprobación de las juntas de las prisiones.
En cinco providencias, la juez de vigilancia penitenciaria sobre la que recaen los recursos relativos a los cinco presos de Lledoners, acuerda que el escrito de la Fiscalía comporta el efecto suspensivo del tercer grado hasta que se resuelva el fondo del asunto. Los presos están condenados a penas de hasta 13 años de cárcel por sedición.
De esta forma, los cinco presos vuelven a pasar al segundo grado y, una vez esta noche regresen a la cárcel, no podrán volver a salir ni siquiera para trabajar o hacer voluntariado, como hacían hasta obtener la semilibertad, en aplicación del artículo 100.2, al menos hasta que la cárcel de Lledoners plantee la recuperación del mismo, según fuentes penitenciarias consultadas por Efe.
Ahora la juez ha dado tres días a las defensas de los presos para que presenten alegaciones sobre el escrito del ministerio fiscal en que pide que se revoque su régimen de semilibertad.
La Fiscalía también pide la suspensión para Forcadell
La Fiscalía también ha recurrido contra el tercer grado concedido a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, aunque en su caso está cumpliendo condena actualmente en la cárcel barcelonesa de Wad Ras, por lo que la decisión recaerá en otro juez de vigilancia penitenciaria.
La decisión de la juez de suspender el tercer grado de los cinco presos del 1-O llega una semana después de que el Tribunal Supremo acordara suspender las salidas para trabajar, ejercer voluntariado y cuidar de familiares dependientes que la Generalitat había aplicado a Carme Forcadell, cuando estaba en la cárcel tarraconense de Mas d'Enric, en virtud del artículo 100.2 del reglamento penitenciario.
El Supremo decidió que él mismo era competente para resolver sobre la aplicación del 100.2 -cuya revisión hasta ahora por lo general recaía en las audiencias provinciales- al considerar que es un régimen que flexibiliza la clasificación penitenciaria, competencia del tribunal sentenciador.
En el escrito en el que tumbó el 100.2 de que disfrutaba Forcadell cuando estaba en segundo grado en Mas d'Enric, el Supremo también remarcó que un eventual recurso de apelación de la Fiscalía sobre el tercer grado a los presos del procés acarrearía la inmediata suspensión de su semilibertad.
Una semana después, la Fiscalía ha recurrido ante el juzgado de vigilancia penitenciaria el tercer grado de seis de los nueve presos del procés -todavía estudia los casos de los exconsellers Josep Rull, Jordi Turull y Dolors Bassa-, y de ellos el juzgado responsable de la cárcel de Lledoners ya ha suspendido la semilibertad de Junqueras, Forn, Romeva y los Jordis.
Además, la Audiencia de Barcelona, que estaba estudiando los recursos contra la aplicación del 100.2 a Forn y los Jordis, acordó la semana pasada remitirlos al Supremo para que fuera el alto tribunal el que resolviera sobre sus salidas laborales cuando estaban en segundo grado.
En sus recursos contra el tercer grado, la Fiscalía denuncia que transcurridos "tan sólo" seis meses desde su clasificación inicial en segundo grado, todos los presos del procés han progresado a la semilibertad, y además a la vez, "lo que muy lejos de favorecer el cumplimiento de los fines de la pena, lo que hace es crear una total sensación de impunidad, tanto en el interno como en la sociedad"
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