En la reunión, el presidente del colectivo, Francisco Martínez, ha informado a la asesora del Área de Salud y Políticas Sociales del Defensor del Pueblo Andaluz, Enma Escobar, de "la intención voraz especulativa de privatización", por parte del consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, sobre un servicio de la sanidad pública andaluza puesto a disposición del Hospital Reina Sofía por el Ayuntamiento de Córdoba en 2015, recordando que, "en su más de 45 años de existencia, los miles de usuarios que acuden cada día al hospital, ya sea como pacientes o familiares, nunca han tenido que pagar por aparcar en el recinto" de forma obligatoria.

Martínez también ha puesto en evidencia "la desfachatez con la que está hecha la licitación de la privatización del aparcamiento, que va a permitir unos ingresos mínimos anuales del 2.960 por ciento para la adjudicataria con respecto al pago del canon fijado".

Ello se debe a que "la dirección del hospital ha impuesto una cuota anual de 12.000 euros, mientras que los ingresos que se estima que recibirá la concesionaria ascienden a 355.000 euros". Además, el pliego de condiciones "contiene numerosos errores jurídicos que, hasta la fecha, nadie de la Consejería de Salud ha podido refutar y que serían motivos de nulidad del contrato".

Por su parte, Escobar ha recogido las reivindicaciones de la plataforma y su denuncia por "la falta de participación ciudadana y de transparencia en la licitación del parking". De igual forma, se ha comprometido a estudiar la documentación aportada por el colectivo y dirigirse a la Administración andaluza para solicitar información sobre cómo se ha elaborado el proceso de contratación y dicha falta de participación.