El acuerdo ha sido firmado en el Palacio de Justicia de la capital burgalesa por la fiscal superior de Castilla y León, María Lourdes Rodríguez, y el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, que ha recordado que la Junta desarrolla de forma habitual actividades de formación para su propio personal, abordando temas de interés para los fiscales, tales como los relativos a violencia de género, discapacidad, menores, protección del medio ambiente o acoso escolar, entre otros.

Este año, como novedad y teniendo en cuenta las restricciones derivadas de la COVID-19, el convenio prevé que las actividades formativas puedan desarrollarse en la modalidad online y se recogen nuevas propuestas, como una cláusula específica en materia de protección de datos de carácter personal, en la que se adapta el convenio a las previsiones contenidas en el Reglamento General de Protección de Datos.

Mediante este convenio se pretende dar cabida a los fiscales de la Comunidad en dichas actividades de formación, posibilitando no solo que participen de tal actividad formativa, sino también que intervengan de forma activa en la planificación de la programación de los cursos que se desarrollarán cada año.

De igual modo, se posibilita la participación de los fiscales en las actividades formativas para jueces y magistrados que desarrolla la Consejería de la Presidencia en virtud del acuerdo suscrito con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).