La empresa a la que la exasesora de Podemos Dina Bousselham remitió la tarjeta de su móvil para recuperar su contenido después de que Pablo Iglesias se la entregara ha informado al juez del caso Villarejo de que estaba "físicamente intacta" cuando llegó a su sede en Gales en septiembre de 2017. Eso implica que Iglesias no trató de destruirla o quemarla antes de entregársela a su propietaria.

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Así consta en la documentación que el magistrado reclamó a Reino Unido vía comisión rogatoria, relativa a los datos que sobre esa tarjeta pudiera conservar la empresa Recuperación Express, con sede en Gales. Según declaró la propia Bousselham, su pareja, Ricardo Sá Ferreira, acudió a esa compañía para intentar acceder al contenido del dispositivo.

En dicho informe, la empresa se responsabiliza de parte de los daños que presenta la tarjeta, pese a que no pudo acceder a su contenido con los métodos que probó. Cuando recibió el dispositivo, señala la compañía, éste "no tenía cortocircuitos" ni daños, pero como la empresa no pudo acceder a su contenido con su software especializado, retiró "el revestimiento de plástico que cubre los pines" para tratar de conseguirlo a través de otro método, sin éxito.

Tras estos primeros intentos infructuosos, la empresa se puso en contacto con Sá Ferreira para ofrecerle una alternativa que éste no aceptó por su elevado precio (más de 600 euros). "La probabilidad de una recuperación exitosa" de estos datos era "del 70%", según señalaba la propia compañía en su correo a la pareja de Bousselham. Es decir: es posible que el contenido pudiera haberse rescatado si se hubiera pagado esa cantidad.

Iglesias sigue pendiente del juez

Con esta diligencia, el juez quería esclarecer la posible existencia de un delito de daños sobre dispositivos informáticos y otro de apoderamiento de datos reservados de carácter personal, de los que podría ser responsable Iglesias. Si el juez finalmente considera que el vicepresidente segundo ha incurrido en algún tipo de delito deberá solicitar su imputación mediante una exposición razonada al Tribunal Supremo, al tratarse de un aforado.

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Al abrirse esta causa, Iglesias declaró que cuando recibió la tarjeta del presidente del Grupo Zeta, esta funcionaba, mientras que Dina señaló, por su parte, que ella no pudo acceder al contenido de la tarjeta.

Esta contradicción llevó al juez a retirar a Iglesias la condición de perjudicado en esta pieza del caso Villarejo, a la vez que rechazó "por precipitada" la propuesta de la Fiscalía de citar a Bousselham para que especificara contra quién iba a ejercer la acción penal o a quiénes, en su caso, otorgaba el perdón por estos hechos.

Ante esta decisión, la exasesora optó por remitir una carta al juez exculpando a Iglesias de los daños en la tarjeta y aseguraba que cuando él se la entregó funcionaba, y que luego dejó de hacerlo. El vicepresidente, por su parte, está pendiente del recurso de apelación que interpuso contra su expulsión de la causa, alegando que "no se ha podido probar aún que el robo del móvil (...) fuese un hecho casual o una actuación deliberada, encaminada a obtener información sensible, privada e íntima" para perjudicarle políticamente.