Así lo ha señalado durante su intervención en la Comisión de Economía y Hacienda, y después de que el presidente del Consejo de Cuentas haya presentado el informe de Fiscalización de la gestión de la investigación de las universidades públicas de Castilla y León.

En este sentido, el socialista ha recordado que la financiación en investigación universitaria le llega a las instituciones por cuatro vías: las de las administraciones estatales y autonómicas, los fondos propios y las partidas privadas. Sobre estas últimas, ironizó, en que "ni están, ni se las espera". Sin embargo, ha subrayado como las aportaciones de la Junta suponen la mitad que las del Estado, lo que corrobora, a su juicio, que la Junta "metió la tijera" cifrando este recorte, en el periodo del 2012 al 2014, en un 44 por ciento.

"La realidad es tozuda y se demuestra una vez más como el PP donde Gobierna no cree en la investigación y de ahí estos recortes y auténticos hachazos. Y eso que los años de estudio llegan cuando ya se había pegado el gran tajazo a la investigación en la época del Gobierno de Rajoy en 2012", señala.

En este punto, ha considerado el informe como "esclarecedor" de la situación, compartiendo situaciones como la excesiva atomización de los canales de investigación, la precariedad del personal y la producción científica y los puestos que las universidades públicas de la Comunidad ocupan en esta materia a nivel nacional.

De ahí que compartiera todas sus recomendaciones, pero lamentara que la Consejería de Educación no asuma sus competencias para "impulsar la colaboración" entre las universidades o el hecho de que no presentaran ningún tipo de alegación al informe. "Esto muestra la indolencia de la Consejería que no se da par aludida, que aceptará las recomendaciones del Consejo de Cuentas pero de ahí a cumplirlas irá un avismo", ha espetado.

Desde el Grupo Popular, la procuradora Rosa María Esteban, ha incidido en que las cuatro universidades deben de "avanzar" en materia de transparencia, ya que el destino del dinero invertido no llega siempre ni a instituciones ni al ciudadano.

Aunque ha defendido la autonomía de estas instituciones públicas, ha mostrado dudas sobre la contratación del personal dedicado a esta materia y si los criterios que se siguen para hacerlo son los "necesario". De ahí que también haya pedido que se "unifique" la estructura de este personal, además de evaluar los costes indirectos de esta actividad.

Por último, desde Ciudadanos, su procuradora Blanca Delia Negrete ha criticado que la disgregación en la estructura de las universidades en materia de investigación genera "graves dificultades" por lo que se ha mostrado partidaria, como indica el consejo, de mecanismo que evalúe la labor de los profesionales.

También ha lamentado las "anomalías" en el acceso a las plazas ofertadas con criterios diferentes en cada institución y que el exceso de estructuras genere competencia entre las propias universidades públicas.

Por último, ha lamentado la "falta de coordinación" en la coordinación administrativa al nuevo régimen de la LOU lo que, a su juicio, es detonante de la precariedad existente en este ámbito laboral.