El pleno del Congreso ha votado este miércoles el dictamen definitivo de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, que sentará las bases de las medidas que se pondrán en marcha para paliar los efectos de la pandemia de coronavirus.
De los cuatro dictámenes propuestos, el Congreso ha aprobado los tres relativos a Sanidad y Salud Pública (con 256 votos a favor), Reactivación Económica (169 votos) y de la Unión Europea (276 votos), pero el bloque de Política Social no ha conseguido reunir los apoyos suficientes para su aprobación, por lo que quedará excluido del dictamen global.
Así, con 175 noes frente a 172 síes, el documento social ha sido tumbado en el Congreso, principalmente por la medida sobre la educación concertada, que excluía a las escuelas públicas de recibir ayudas públicas. Pero, ¿qué otras medidas se proponían en este bloque?
En el Dictamen de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, se proponía una serie de políticas sociales y sistema de cuidados, centrados en tres bloques principales: la igualdad, los derechos sociales, inclusión y vivienda; servicios sociales y sistema de cuidados; y educación y juventud.
Igualdad, derechos sociales, inclusión y vivienda
Este bloque se centra en fortalecer los pilares del sistema de bienestar y, en definitiva, en "la defensa de los servicios públicos, del sistema de cuidados y de los derechos sociales", que puedan haberse visto perjudicados por la crisis de la Covid-19. Según indica el texto, la pandemia ha sacado a relucir algunas "lagunas de protección" que incluso se han agravado especialmente entre las mujeres y los colectivos más vulnerables y en serio riesgo de exclusión.
Por ello, la Comisión proponía erradicar la pobreza extrema en España e identificar a los colectivos vulnerables con el objetivo de facilitar su inserción social y económica. Asimismo, el bloque incluye una serie de resoluciones destinadas a proteger a niños y jóvenes afectados por la pandemia, "uno de los segmentos de población en situación de mayor riesgo, dados los graves efectos de la crisis sobre sus horizontes laborales", en el caso de los jóvenes que ya han sufrido dos crisis económicas.
En lo relativo a los derechos sociales, las propuestas de resolución eran las siguientes:
- Afianzar los derechos constitucionales a la educación, la sanidad, las pensiones, el acceso a rentas mínimas, a viviendas sostenibles, así como a reforzarlos mediante el reconocimiento de nuevos derechos, como el relativo a la protección del consumidor vulnerable, para que nadie sufra recortes de suministros y de servicios básicos.
- Asegurar la financiación de las políticas públicas dirigidas a garantizar los derechos sociales, acercándonos a una inversión educativa y sanitaria que converja con la media europea.
Para reforzar la renta básica y garantías de rentas proponían:
- Reforzar el sistema de garantía de ingresos mediante el desarrollo del Reglamento del Ingreso Mínimo Vital.
- Acordar con un modelo a través de itinerarios personalizados y de acciones de mejora de la empleabilidad, como instrumento de oportunidad para la incorporación al mercado laboral.
- Explorar la mejora del sistema de protección por desempleo.
- La actualización del IPREM, en el marco de las disponibilidades presupuestarias.
- Financiar a cargo de los Presupuestos Generales del Estado el Ingreso Mínimo Vital (IMV) a través de una línea de transferencia con destino a la Seguridad Social.
Para paliar con la brecha laboral por cuestiones de género:
- Promover un pacto para racionalizar los horarios, con una Ley de usos del tiempo y racionalización de los horarios, que permita reorganizar los tiempos de trabajo, ocio y cuidados.
- Impulsar las vocaciones científico-técnicas entre las niñas, así como la incorporación de las mujeres en trabajos de economía digital y tecnologías de la información y comunicaciones.
- Garantizar la perspectiva de género en la capacitación digital del profesorado
y alumnado. - Impulsar acciones específicas para las trabajadoras del hogar, las mujeres
del medio rural, así como otros colectivos altamente feminizados y precarizados. - Explorar medidas que garanticen la autonomía económica de las mujeres
a lo largo de toda su vida. - Impulsar un nuevo Plan de apoyo a las mujeres emprendedoras.
Para erradicar la pobreza en España:
- Extender la duración de las moratorias de desahucios, la imposibilidad de corte de suministros y el apoyo al pago de deudas relacionadas con la vivienda.
- Poner en funcionamiento la Comisión de Seguimiento y el Consejo Consultivo del
Ingreso Mínimo Vital. - Reforzar la estrategia contra la pobreza energética y las medidas que actúan contra sus causas.
Para proteger los derechos de la infancia y violencia contra la infancia:
- Asegurar la alimentación de niños y niñas vulnerables durante el curso escolar mediante la aprobación de un umbral de renta estatal que garantice el derecho a esta alimentación en todo el territorio nacional.
- Adoptar las medidas necesarias para prevenir la separación de los niños y niñas de sus familias y asegurar el apoyo y asistencia.
- Incrementar el apoyo y acompañamiento a las familias de acogida, y agilizar trámites y valoración en las situaciones de retirada de la guarda y custodia.
- Impulsar la atención temprana para todos los niños de 0-6 años con problemas evolutivos.
- Elaborar un Plan integral para defender a las niñas contra la violencia, que tenga en cuenta la violencia específica que sufren las niñas por su edad y género.
Respecto a la conciliación laboral, proponían elaborar una propuesta de "tiempo de trabajo corresponsable":
- Situar la corresponsabilidad en el centro de las políticas de conciliación.
- Analizar la normativa laboral para evitar situaciones de discriminación laboral por la asunción de las responsabilidades de cuidado.
- Elaborar una propuesta legal sobre el teletrabajo, que recoja entre sus previsiones el reconocimiento de nuevos derechos, como el derecho a la desconexión, derecho a la formación continua, derecho a la organización del tiempo de trabajo y la prevención de riesgos laborales.
Para proteger a los colectivos en situación de vulnerabilidad:
- Impulsar una propuesta de Ley de Diversidad Familiar, que proteja a las diferentes estructuras familiares.
- Impulsar medidas contra el racismo y la xenofobia, con especial incidencia en los delitos de odio.
Para ayudar a los más jóvenes y a su emancipación:
- Renovar y mejorar el programa de Garantía Juvenil, incluyendo la perspectiva de género.
- Elaborar el "Estatuto del Becario" que revise los contratos para mejorar las condiciones laborales y retributivas, y limitar el encadenamiento de períodos de prácticas.
- Adoptar medidas para garantizar el acceso a una vivienda sostenible a las personas jóvenes con viviendas protegidas.
- Aumentar el número y la cuantía de becas.
- Adoptar medidas para prestar atención a la salud mental de los y las jóvenes que, como
consecuencia de la crisis del COVID-19, han sufrido altos niveles de estrés, ansiedad y depresión.
Para garantizar la suficiencia y la sostenibilidad del sistema de pensiones:
- Ajustar la normativa de la Seguridad Social a las circunstancias derivadas de la pandemia causada por el COVID-19.
- Flexibilizar la forma de acceso de la ciudadanía, trabajadores y empresas a los
servicios electrónicos de las administraciones públicas mediante sistemas de uso generalizado.
En cuanto a la vivienda:
- Mantener las plazas creadas durante la pandemia para atender a las personas sin hogar hasta que se habiliten otros recursos, con el fin de evitar que vuelvan a la calle.
- Estudiar medidas para contener las subidas abusivas de alquiler.
- Elaborar un Plan Estatal para la Rehabilitación de Viviendas, que tendrá como objetivo la rehabilitación de viviendas para la eficiencia energética, la reducción de la factura de la luz y la accesibilidad.
- Supresión de barreras arquitectónicas en la vivienda que faciliten la convivencia de 1,8 millones de personas con movilidad reducida en España.
Para dar respuesta a la violencia machista:
- Reforzar la investigación y la prevención de todas las formas de violencia contra
las mujeres. - Elaborar un Plan de Sensibilización y Prevención de las violencias machistas, con
dos ejes centrales: implicar al ámbito educativo en todas las etapas y abordar las violencias machistas en redes sociales. - Impulsar la consolidación de la respuesta institucional para la protección de los
derechos de las personas LGTBI
Servicios sociales y sistema de cuidados
En un segundo bloque proponían reforzar también el sistema de cuidados, que tan esencial ha demostrado ser con la pandemia, "desarrollado fundamentalmente por mujeres, jóvenes y personas migrantes".
En lo que respecta a los servicios sociales y a sus profesionales, establecían las siguentes propuestas:
- Elaborar un Libro Blanco de las profesiones de referencia de los servicios sociales y las relacionadas con los mismos, y, en general, con los servicios de cuidados.
- Mejorar las condiciones de trabajo de los profesionales de los servicios sociales, marcando ratios de profesionales por habitantes.
- Poner en marcha de programas de formación de profesionales para cubrir la gran demanda de puestos de trabajo asociada a las medidas de este bloque.
Para proteger al Tercer sector, a personas con dependencia y a los más mayores:
- Desarrollar la Ley del Tercer Sector de Acción Social para regular el estatuto de las organizaciones sociales, así como el reglamento del voluntariado.
- Evaluar el impacto social de las subvenciones asignadas a las entidades del
Tercer Sector para conocer el desarrollo de los proyectos, su impacto social y su avance. - Evaluar la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, con especial atención al sistema de cuidados y a la atención en las residencias.
- Elaborar planes de contingencia para prevenir posibles rebrotes, con el objetivo de planificar con antelación las actuaciones necesarias para garantizar el derecho a la salud de las personas mayores.
- Aumentar los servicios y recursos de apoyo a los distintos tipos de envejecimiento.
- Promover la coordinación de los sistemas sanitario y social, asegurando los derechos de las personas residentes en los centros.
Para garantizar la accesibilidad universal de las personas con discapacidad:
- Adaptar el marco normativo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
- Revisar el sistema de atención institucional.
- Impulsar medidas efectivas para la supresión de barreras arquitectónicas en viviendas e instalaciones públicas.
En lo que respecta a los menores tutelados, proponían lo siguiente para promover "un nuevo modelo de atención" en todo el territorio nacional:
- Potenciar mediante ayudas los programas de acogimiento familiar en la actual situación de inestabilidad económica y social de las familias.
- Elaborar las bases mínimas de los planes de contingencia y protocolos de actuación para que todos los centros con los recursos necesarios.
- Asegurar el acceso a los medios y servicios digitales en los centros residenciales de protección de niños, niñas y adolescentes.
- Desarrollar programas formativos para que adquieran los conocimientos y habilidades
necesarias en la utilización de las herramientas de las TICs.
Educación y juventud
"La situación provocada por la epidemia del coronavirus ha alterado sustancialmente dinámicas e interacciones en el sistema educativo, comprometiendo el funcionamiento ordinario de las actividades escolares y tensionando la posibilidad de garantizar esos derechos", asevera el texto.
Por ello, proponían una reconstrucción del sistema educativo que figurara como una "oportunidad de completar procesos que estaban en marcha" -como la digitalización de las escuelas y universidades, la atención a la diversidad, el
refuerzo de las enseñanzas de Formación Profesional o el impulso del sistema de becas- y "corregir la desigualdad educativa y combatir el abandono prematuro".
Para ello, proponían una serie de políticas educativas:
- Corrección de la brecha educativa: incrementar la inversión de la educación pública y aumentar los puestos escolares; reforzar los programas de enseñanza on-line y la distribución de equipos digitales a los estudiantes que carecen de ellos; impulsar la creación de una plataforma online con materiales y recursos compartidos que ayude a facilitar el trabajo en red del personal docente.
- Educar en equidad: elaborar un plan de extensión de la Educación Infantil con una red pública que garantice una oferta suficiente y gratuita para todos los niños y niñas
menores de 3 años; luchar contra la segregación escolar asociada a la vulnerabilidad
sociocultural y económica familiar o la discapacidad; impulsar los costes indirectos
de la enseñanza obligatoria (libros de texto, material escolar, transporte, comedor...); crear un fondo urgente para actividades socioeducativas y lúdicas en el periodo estival. - Educación especial: Aumentar profesionales especialistas en los centros ordinarios.en
centros con alumnado con necesidades educativas especiales y dificultades de
aprendizaje. - Impulsar un plan de formación permanente y continua al profesorado para
garantizar su competencia digital y su capacidad para hacer frente a escenarios de
actividad educativa no presencial.
En el ámbito de las universidades proponían entre otras, estas medidas:
- Aprobar el Estatuto del Personal Docente Investigador, ligado a la nueva Ley de Universidades.
- Reforzar los estudios universitarios en especialidades donde hay carencia de recursos humanos claves en la etapa post-COVID.
- Plan de implantación de un sistema universitario híbrido (presencialdigital).
- Plan de Impulso de las instituciones universitarias como agente dinamizador de un nuevo modelo económico: modernización de las Escuelas de Magisterio, formación del profesorado en lo relativo a la transición ecológica, etc.
Y por último, para el sector del deporte:
- Elaborar un plan para garantizar que los deportistas que representan a España en los Juegos Olímpicos de Tokio puedan seguir entrenando en caso de nuevos rebrotes.
- Evaluar las posibilidades de que los eventos deportivos cuenten con público con la reanudación de las competiciones oficiales, mediante un protocolo que contemple las medidas oportunas para garantizar la seguridad.
- Impulsar una nueva ley del Deporte que lo reconozca como un derecho de ciudadanía e incorpore medidas relativas al deporte femenino y al deporte inclusivo.
- Garantizar la igualdad y la no discriminación por razón de sexo en el ámbito deportivo con medidas como el fomento del deporte femenino, la prohibición de las cláusulas antiembarazo y la igualdad de los premios que reciban las categorías de cada sexo en competiciones deportivas que sean promovidas o financiadas por las administraciones públicas.
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