El exletrado mayor confirma al TSJC que advirtió a la Mesa del Parlament de inconstitucionalidad

  • Los acusados presuntamente cometieron un delito de desobediencia continuada al "permitir la tramitación y facilitar la aprobación de resoluciones, leyes y normas jurídicas abiertamente inconstitucionales".
  • Los acusados de la Mesa defienden que no podían entrar en el fondo de las propuestas, solo analizar la forma.
21.07.2020, Barcelona Judici a la Mesa del Parlament de l'octubre 2017 al TSJC. foto: ACN/Jordi Play
Juicio a la Mesa del Parlament de octubre de 2017 en el TSJC.
Jordi Play

El que fue letrado mayor del Parlament en la XI legislatura, Antoni Bayona, ha declarado como testigo este miércoles en la segunda sesión del juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) a los exmiembros de la Mesa del Parlament Anna Simó (ERC), Ramona Barrufet, Lluís Corominas y Lluís Guinó (JxSí), y la exdiputada de la CUP Mireia Boya, a los que la Fiscalía ha mantenido la petición de 20 meses de inhabilitación y 30.000 euros de multa por desobediencia continuada al "permitir la tramitación y facilitar la aprobación de resoluciones, leyes y normas jurídicas abiertamente inconstitucionales".

Bayona ha confirmado que advirtió a la Mesa, que en aquel entonces capitaneaba Carme Forcadell, de que podía incumplir los mandatos del Tribunal Constitucional (TC) al tramitar las leyes de desconexión y las propuestas de resolución que contenían la declaración de independencia.

Bayona ha explicado que ya en julio de 2016 alertó a Forcadell, de que la votación de las conclusiones de la Comisión de estudio del proceso constituyente, que se votaron alterando el orden del día, podía contravenir mandatos del TC.

Asimismo, se advirtió a la Mesa de que la Ley de Presupuestos de 2017, que contenía una disposición para sufragar el referéndum, también podía ser inconstitucional.

Sobre por qué hizo estas advertencias, Bayona ha recordado que estaba apercibido por el TC de su deber de hacer cumplir sus mandatos y porque entendía "que la tarea de asesoramiento obliga a advertir cuando es necesario a las personas que pueden tener un problema y pueden tener responsabilidades".

Ha explicado que durante la votación del pleno del 6 y 7 de septiembre de la Ley del referéndum y de la de transitoriedad jurídica, el secretario general, Xavier Muro, ordenó que no estuvieran presentes los funcionarios "debido a la naturaleza de la situación".

Preguntado por el fiscal Pedro Ariche, sobre por qué las proposiciones de ley del referéndum y de transitoriedad se presentaron a finales de julio pero no llegaron a la Mesa para tramitar hasta el mismo día del pleno, el ahora letrado del Parlament ha explicado "no es habitual" que tarde tanto y que fue porque Forcadell quería estudiarlas a fondo.

Control de la Mesa

Sobre uno de los debates en los que se centra el juicio, sobre si la Mesa puede estudiar o no el fondo de las iniciativas parlamentarias antes de admitirlas a trámite, Bayona ha indicado que el principio general y la doctrina indican que "la Mesa no tiene capacidad de control político".

La función de la Mesa es admitir a trámite una propuesta y calificarla sobre cómo se tramitará, lo que implica valorar que cumple los requisitos formales.

Sin embargo, ha explicado que la nueva doctrina del TC preveía poder hacer un juicio de constitucionalidad de las propuestas, y que como letrado mayor defendió en un escrito de alegaciones ante el TC que era "desproporcionado" porque podía limitar el derecho a la iniciativa parlamentaria, ya que las propuestas pueden modificarse y enmendarse durante el trámite parlamentario.

Tramita resoluciones por "coherencia con el debate", no por contenido

El expresidente del Parlament Ernest Benach ha sostenido que la Mesa no evalúa el contenido de las propuestas de resolución al admitirlas a trámite o no, sino la forma y su relación con el debate en el pleno, en relación a las que se tramitaron para declarar la independencia.

"El contenido no es motivo para calificar o no, sino la coherencia con el debate anterior", ha dicho en el mismo sentido que lo hicieron los acusados en sus declaraciones el martes.

También ha explicado que el orden del día de los plenos de la Cámara lo fija la Junta de Portavoces con las iniciativas que la Mesa ha admitido a trámite: "Quien decide el orden del día es la Junta de Portavoces. Ni la Mesa, ni la Presidencia".

Los acusados sostuvieron el martes, en la primera jornada del juicio, que fue el pleno del Parlament quien votó la modificación del orden día de forma urgente, y que no era competencia de la Mesa determinar qué se incluía en el pleno.

Ernest Benach ha declarado como testigo a petición de la defensa de los exmiembros de la Mesa de JxCat, representados por la letrada Judit Gené, y ha defendido como un trámite administrativo que la Mesa del Parlament admita a trámite las iniciativas parlamentarias.

Sobre si es habitual modificar de urgencia el orden del día, Benach ha explicado que recuerda que se hizo "en varias ocasiones" durante las dos legislaturas en que presidió la cámara, y ha destacado que es un procedimiento pautado en el Reglamento del Parlament.

Informes de los letrados

A preguntas del fiscal, Pedro Ariche, ha explicado que "cualquier cosa va al pleno tiene tramitación, y la primera tramitación es que la Mesa lo admita", y que el orden del día de los plenos de la Cámara se basa en iniciativas ya admitidas a trámite.

En cuanto a los informes de los letrados del Parlament, que fueron contrarios a los trámites por los que se acusa a los exmiembros de la Mesa de desobediencia, Benach ha sostenido que "los letrados informan, son asesores, pero en ningún caso los informes de los letrados obligan a cumplir lo que dicen", si bien ha añadido que mayoritariamente se han seguido sus recomendaciones, con algunas excepciones.

La Mesa puede inadmitir iniciativas si son inconstitucionales

El secretario general del Parlament, Xavier Muro, ha afirmado la Mesa "en casos de inconstitucionalidad palmaria y evidente, puede acordar la inadmisión de una iniciativa".

En la primera sesión del juicio este martes, los acusados defendieron, en cambio, que la Mesa solo puede dar trámite a las iniciativas parlamentarias pero no entrar en el fondo, en base a la doctrina general, para no afectar al derecho de participación política.

Muro, en la misma línea que el exletrado mayor del Parlament Antoni Bayona, ha confirmado que hicieron varias advertencias a la Mesa de que podían estar contraviniendo mandatos del Tribunal Constitucional al tramitar las leyes de desconexión y las propuestas de resolución que contenían la declaración de independencia del 27 de octubre de 2017, entro otras.

Ha ratificado también que las propuestas de estas dos leyes -del referéndum y de transitoriedad jurídica y fundacional de la república- entraron a registro en el Parlament a finales de julio de 2017 pero no llegaron a la Mesa para admitir y calificar hasta el mismo día 6 y 7 de septiembre, cuando iban a ser votadas: "Normalmente sí que se incluyen en la Mesa siguiente".

No se publicaron

También ha explicado que dio orden al departamento de publicaciones de la Cámara de que no se publicaran estas leyes en el Boletín Oficial del Parlament (BOPC), y que se publicó su tramitación, según dijo la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, bajo responsabilidad de la mayoría independentista en la Mesa.

Muro ha relatado que durante la tramitación exprés de esas dos leyes, el Consell de Garanties Estatutàries, a petición de los grupos de la oposición, concluyó que "no era posible prescindir" de sus dictámenes en la tramitación de una proposición de ley, aunque pese a ello se tramitaron y aprobaron.

"Parecía que el TC estuviera indicando a la Mesa el sentido del voto"

El exsecretario general del Parlament hasta octubre de 2016, Pere Sol, ha explicado el cambio que apreció en la doctrina del Tribunal Constitucional a raíz del proceso independentista y la declaración para constituir un Estado independiente, y ha valorado: "Parecía que el TC estuviera indicando a la Mesa del Parlament el sentido del voto, lo cual sorprendía un poco".

En su declaración como testigo, ha contado que cuando llegó al cargo, en octubre de 2015, la Mesa "podía admitir iniciativas plenamente inconstitucionales", tal como le ha preguntado la acusación popular, y ha puesto el ejemplo contrario de una ley que no fue admitida a trámite por el contenido, ante lo que el TC resolvió en recurso de amparo que debía tramitarse y la Mesa no debía hacer ese análisis.

Botran (CUP) critica el "uso politizado" del TC

El exdiputado de la CUP en el Parlament Albert Botran ha cargado contra el "uso politizado" del Tribunal Constitucional contra las iniciativas independentistas y ha asegurado que su formación no tuvo en cuenta sus advertencias.

"Nos sentíamos comprometidos con el pueblo catalán que nos había votado y nuestro programa electoral, que era meridianamente claro en torno a la afirmación de la soberanía del pueblo de Catalunya, y estas advertencias (del TC) por parte de nuestro grupo parlamentario no eran tomadas en cuenta", ha afirmado.

Gabriela Serra dice que CUP y JxSí acordaron no acatar al TC

La exdiputada de la CUP en el Parlament Gabriela Serra ha testificado que su formación y JxSí acordaron no acatar al Tribunal Constitucional "ni a otras instancias del Estado español".

"Dijera lo que dijera el TC teníamos la legitimidad y la obligación de tirar adelante" las leyes de desconexión, ha dicho al declarar como testigo a petición de la defensa de la exdiputada del CUP Mireia Boya.

Considera que tenían "la obligación frente al electorado de defender estos principios", en referencia a la defensa del derecho de autodeterminación y a la independencia.

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