El acuerdo para el reparto de los fondos de recuperación de la UE ante la pandemia del coronavirus ha sido acogido de buen grado por el presidente del Gobierno, pero lo cierto es que las expectativas de España se reducen un poco si se toma como referencia la propuesta inicial hecha por la Comisión Europea. Pedro Sánchez llegó a la conclusión de que mejor este pacto que nada y calificó el acuerdo de "positivo" e "histórico". Pero cabe preguntarse en qué lugar queda España.

Lo más relevante: España tendrá acceso a 140.000 millones en total del fondo, tal como confirmó el propio presidente del Ejecutivo al terminar la cumbre. Eso sí, el equilibrio entre subvenciones y créditos cambia respecto al plan marcado por la Comisión hace meses. Italia será el primer beneficiado, con 209.000 millones.

"Es un acuerdo histórico que nos da una oportunidad única para relanzar y reformar España", comentó el portavoz de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, Luis Garicano, antes de añadir que "ahora la prioridad es gastar el dinero y gastarlo bien: reformas e inversiones, no ideologías trasnochadas ni despilfarros".

Mayoría de subvenciones, opción de bloqueo y estado de derecho: las claves del acuerdo para los fondos de la UE

En un primer momento, España iba a disponer de 77.324 millones de euros en forma de transferencias a fondo perdido y 63.122 millones en forma de préstamos. Ahora las transferencias serán de en torno a 72.700 millones y los créditos ascenderán a 68.000. La cuantía más relevante, la de subvenciones, cae aproximadamente un 6% respecto a la idea inicial.

La mirada también está puesta en las reformas. El camino a seguir se marca, tal como se recoge en el acuerdo, a través de las recomendaciones a España del Semestre Europeo, hechas por la Comisión Europea. Esas peticiones se centran sobre todo en materia laboral. España, por ejemplo, está llamada a "mejorar la cobertura y la adecuación de los regímenes de renta mínima".

Por otro lado, el Ejecutivo comunitario pide "garantizar la sostenibilidad de la deuda" y aplicar políticas fiscales "destinadas a disponer de una fiscalidad prudente en el medio plazo". Por otro lado, España debe dar pasos en lo que a la digitalización se refiere, así como de cara a una "mejor protección de las familias".

Las recomendaciones incluyen también la necesidad de dar apoyo a las pequeñas y medianas empresas "evitando retrasos en los pagos". Asimismo, piden promover "la inversión privada" y destinar recursos a "fomentar la investigación y la innovación" en el marco de la transición ecológica y digital. En el documento, además, se insta a España a "mejorar la coordinación" entre los diferentes niveles de Gobierno.