Según ha señalado la portavoz del Ejecutivo autonómico, Pilar Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, el contrato tiene una duración de dos años, prorrogable dos más.

Según ha explicado, teniendo en cuenta el carácter de 'hospital sin papeles' de todos los hospitales del Servicio de Salud, se hace necesario renovar los servicios de apoyo, el mantenimiento de licencias, el mantenimiento correctivo, preventivo, adaptativo y evolutivo, así como también la formación en estas aplicaciones sanitarias.

Los sistemas de información clínica electrónica son una herramienta "fundamental" para la prestación de servicios clínicos en los hospitales del Servicio de Salud.

La implantación de estos sistemas supone un aumento progresivo de la digitalización de los procesos asistenciales.

SUMINISTROS Y SERVICIOS

Por otra parte, el Consell de Govern se ha dado por enterado de las contrataciones de emergencia de suministro y servicios a cargo del Servicio de Salud por valor de 34.791 euros.

Se trata de la contratación de los servicios de lavandería, recogida de residuos y el suministro de batas sanitarias. Estas contrataciones son para el Hospital Comarcal de Inca y para el Área de Salud de Menorca.

Todas estas contrataciones de emergencia han sido relacionadas con el tratamiento de la pandemia debido a la necesidad concreta de disponer de determinados equipos y servicios para mantener una actividad sanitaria asistencial correcta en la lucha contra la COVID-19.

Concretamente, las contrataciones de emergencia se refieren, en el caso del Área de Salud de Menorca, a la adquisición de batas sanitarias, por un importe de 15.275 euros; la contratación del servicio de recogida de residuos, por un importe de 1.185 euros.

Asimismo, se refiere también a la contratación de un servicio de lavandería para el Hospital Comarcal de Inca, por un importe de 18.331 euros.

El pasado mes de marzo el Consell de Govern aprobó el Acuerdo de medidas a adoptar en materia de contratación pública a consecuencia de la declaración de estado de alarma para gestionar la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. Esto supuso que a todos los contratos subscritos por la Administración de la Comunidad Autónoma y el sector público instrumental les fuera aplicable la tramitación de emergencia.