Así lo ha anunciado el secretario general de CCOO PV, Arturo León, en un acto que ha contado con la participación de la presidenta de la asociación Acció Ciutadana contra la Impunitat del Franquisme-Plataforma de Suport a la Querella Argentina del PV, Llum Quiñonero, la consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, Rosa Pérez-Garijo, y dos de los querellantes, César Llorca y Ángel Ramón García Aparicio.

El primer sumario alude a hechos ocurridos en noviembre de 1968, por el que fueron detenidos 36 trabajadores. En los registros, detenciones, interrogatorios y torturas a las que fueron sometidos participaron 23 miembros de la Brigada Político Social de Valencia y Sagunto (Puerto).

Tras su ingreso en prisión, los detenidos fueron procesados por la Jurisdicción Militar y acusados de un supuesto delito de rebelión militar. 19 de ellos denunciaron desde la cárcel en cartas manuscritas dirigidas al titular del Juzgado Militar las torturas de las que habían sido objeto, como corrientes eléctricas, que les aplicaron atados a una cama metálica.

Arturo León ha destacado "la movilización de las mujeres madres y hermanas de los detenidos por su contundencia" y ha resaltado "la actuación de defensa del equipo de abogados dirigidos por Alberto García Esteve".

El segundo sumario se refiere a sucesos de octubre de 1970, cuando la Brigada Político Social desató una nueva operación contra CCOO, en este caso contra 16 trabajadores de distintas empresas del metal (como MACOSA, Elcano o Unión Naval de Levante), entre los que se encontraban una mujer y dos sacerdotes. Se les detuvo a punta de pistola a la salida de una reunión en las Escuelas de San José para debatir el convenio del metal.

Según ha explicado el secretario general de CCOO PV, "un repaso a la tabla salarial de este convenio muestra el compromiso de estos hombres y mujeres, que se jugaban el despido y su libertad por el aumento de unos céntimos y unos días de vacaciones. Evidencia también la mezquindad empresarial y la brutalidad policial".

Además, León ha destacado "la movilización de muchas comunidades cristianas, que celebraron asambleas en parroquias y centros de trabajo denunciando la represión y pidiendo la libertad de los detenidos".

CCOO ha interpuesto la querella porque, según ha indicado su secretario general, "sin duda alguna afecta a la dignidad de nuestra sociedad y a la democracia". "La documentación de la que disponemos muestra la persecución sistemática de la dictadura hacia un movimiento organizado de grandes empresas y pequeños talleres para resolver los problemas de la gente ante la indiferencia del Sindicato Vertical", ha añadido.

"Para CCOO es fundamental que la memoria histórica haga visibles las conductas contrarias a los derechos humanos y se reconozca la contribución de los hombres y las mujeres que durante esa época padecieron la represión laboral, los abusos y las torturas", ha manifestado León.

Por su parte, Llum Quiñonero ha agradecido la decisión de Comisiones Obreras "que ha metido el dedo en la llaga, al querellarse por los delitos de lesa humanidad que supusieron la persecución contra quienes luchaban por la democracia y los derechos humanos".

Además, Quiñonero ha reclamado al Estado español "que no se haga invisible", y atienda los derechos de reparación pendientes con las víctimas represaliadas y sus familias, con todas las personas que han fallecido y las que siguen reclamando justicia. "Necesitamos cambios fundamentales en la legislación y que la judicatura deje de desestimar querellas y asuma el mandato del Consejo de los DDHH de la ONU. La impunidad contra el Franquismo debe acabar", ha añadido.

Por otro lado, Rosa Pérez, ha reiterado la demanda de "justicia, memoria y reparación", pendientes desde hace 45 años, en lo que ha calificado de una "anomalía democrática, que condecora y deja en la impunidad a torturadores reconocidos".

La consellera ha agradecido emocionada "la lucha de quienes profundizaron la democracia", que reconoce como "referentes" y ha advertido del "riesgo de dar por seguros derechos que costaron tanto y que pueden dar marcha atrás". "Necesitamos continuar en esa senda y dejar atrás políticas de desmemoria histórica".

Pérez ha ofrecido todo el reconocimiento y el apoyo a las víctimas y ha asegurado el empeño que están poniendo desde las instituciones para generar una "democracia más fuerte". "Los delitos de lesa humanidad no pueden prescribir", ha concluido.

César Llorca Tello y Ángel Ramón García Aparicio han reiterado que el objetivo de las detenciones, la brutalidad y las torturas no era tanto informativo como de infundir miedo a los trabajadores, y dejar claro quien mandaba.

"Volveríamos a hacer lo mismo", han aseverado, al tiempo que han defendido que CCOO "fue decisivo entonces y sigue siéndolo hoy, porque persiste la vulnerabilidad de la clase trabajadora individualizada".

"UNA BANDA DE SÁDICOS"

Estas personas aseguran haber sido despedidos por crímenes tan execrables como "pedir un aumento de 50 pesetas de salario" y detenidos por la Brigada Político social de Valencia, que describen como "una banda de sádicos que disfrutaban golpeándonos entre diez o doce y dándonos corrientes eléctricas, durante 90 horas porque éramos de CCOO y defendíamos a los trabajadores".

Ambos han destacado la movilización de las mujeres, madres y hermanas, que se entrevistaron con el capitán general de la III Región Militar y con miembros de la jerarquía eclesiástica, y dirigieron escritos a Colegios de Abogados y a diferentes instancias internacionales, en los que denunciaban la brutalidad policial.

"Esperamos que haya justicia, una sentencia favorable, el reconocimiento de que hemos sido torturados y que hay que condenar a los torturadores y que se reconozca que por defender a los trabajadores y fundar un sindicato acarreó persecuciones y condenas por el Tribunal de Orden Público". "Solo hicimos lo que teníamos que hacer, luchar, dar nuestra opinión y enfrentarnos a la situación política que había", han concluido.

LEY DE MEMORIA HISTÓRICA

Respecto a la proposición de Ley de Memoria Histórica y Democrática, Llum Quiñonero ha asegurado que "cumple algunos aspectos fundamentales pero no profundiza" en cuanto a los crímenes franquistas y ha remarcado que espera que en el procedimiento del debate de la ley se puedan ampliar algunos aspectos.

Por su parte, Rosa Pérez ha anunciado que esta semana va a haber una reunión por parte de la secretaria de Estado en materia de memoria democrática "para intentar coordinar las políticas de memoria". "Evidentemente nosotros avanzamos en esta línea, en la de no impunidad de los delitos franquistas", ha añadido.

Además, la consellera ha asegurado que desde la Comunitat se va e elaborar un reglamento "para llevar adelante todo lo que establece la ley".

El secretario general de CCOO ha concluido que "la nueva ley es un entorno normativo que debería tener una mayor sensibilidad desde el punto de vista jurídico ante estas cuestiones".