El BNG exige a la Xunta un protocolo escolar que prime la "seguridad y calidad" frente a criterios económicos

El BNG ha denunciado la falta de diálogo de la Consellería de Educación con la comunidad educativa, tanto con los centros como con las asociaciones de madres y padres, que no fueron tenidas en cuenta para la elaboración del protocolo de inicio de curso en un escenario post COVID-19.

Así lo ha asegurado en un comunicado la diputada electa Olalla Rodil, quien ha recordado que el Bloque reclama "desde hace meses" la constitución de una mesa de diálogo entre la Xunta y la comunidad educativa para abordar el inicio del próximo curso.

"La Consellería actúa tarde y de espaldas a la comunidad educativa, reiterando la misma actitud que en el curso anterior", ha señalado la portavoz parlamentaria de Educación de los nacionalistas gallegos en la última legislatura.

La dirigente nacionalista ha exigido a la Xunta un protocolo para el curso 2020/2021 en el que prime el diálogo, la seguridad y la calidad educativa frente a los criterios económicos. "No se puede racanear cuando hablamos de educación", ha recalcado, tras indicar que el rebrote de A Mariña deja claro que el virus no desapareció y que es necesario extremar las precauciones y maximizar las garantías sanitarias de la comunidad educativa", ha manifestado.

En este sentido, la formación que lidera Ana Pontón ha pedido incrementar el personal docente y reducir las ratios de estudiantes por el aula para garantizar el necesario distanciamiento físico y las condiciones de seguridad en los centros, tanto del alumnado como del propio profesorado. "Y el gobierno tiene que destinar los recursos económicos necesarios para garantizar condiciones de seguridad, porque hablamos del derecho fundamental a la educación", ha apuntado.

"Es inadmisible que se pretenda mantener la actual relación alumnado-profesor, ya excesiva en una situación normal pero aún más en un contexto de pandemia mundial, solo por no contratar más profesorado", ha censurado Rodil, que ha criticado la "extemporánea petición del presidente en funciones para poder destinar a otros fines fondos estatales destinados a la contratación de personal docente".

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