En un comunicado, han explicado que han trasladado esta "grave" situación al Gobierno Vasco y han recordado que vienen denunciándolo en "numerosas ocasiones" desde la creación de los Juzgados de Violencia sobre la mujer.

Según han señalado, los trabajadores de estos juzgados están sometidos a una "frenética dinámica de trabajo, con necesidad de más medios materiales y humanos, así como de una nueva organización que posibiliten prestar un servicio de calidad a la ciudadanía".

"A pesar de las numerosas denuncias realizadas al Gobierno Vasco para que asuma su responsabilidad, nos encontramos con un servicio sobrepasado por la carga de trabajo, que no puede garantizar la seguridad de las partes ni los derechos de los trabajadores a unas condiciones de trabajo adecuadas", han criticado.

Esto, en su opinión, repercute directamente en el servicio público que se presta a la ciudadanía, que, pese al "esfuerzo innegable del personal adscrito a este servicio, se traduce en un retraso inaceptable en dar solución judicial a las mujeres víctimas del maltrato".

Los sindicatos han manifestado que esta situación se ha visto "agravada" debido a la pandemia que, en alguno de estos órganos, ha obligado a establecer turnos de mañana y tarde entre el personal administrativo y permanencia continuada de los Magistrados-Jueces y letrados.

"Esto ha empujado al servicio casi al colapso, sin disponer de los medios necesarios e incumpliendo en algunas ocasiones las necesarias medidas de prevención, como son las desinfecciones protocolizadas entre los turnos frente al Covid-19", han lamentado.

Por ello, han denunciado ante el viceconsejero del Gobierno Vasco la "irresponsabilidad en la que están incurriendo frente a esta situación" y le han presentado, por escrito, las medidas concretas que se deben implantar para conseguir "una respuesta judicial rápida y adecuada a las mujeres víctimas de la violencia".

Igualmente, le han exigido que cumpla los compromisos que adquirieron en el Plan de actuación del Departamento de Trabajo y Justicia 2019-2021 y "que todavía no se han ejecutado".

Los sindicatos ELA, CCOO y LAB han advertido de que, de no darse una "respuesta inmediata" a las peticiones realizadas, considerarán "agotada" la vía de negociación y comenzarán "las movilizaciones oportunas para que los organismos responsables del servicio reviertan la situación".