De Pablo ha recordado que "las personas con discapacidad constituyen un sector de población heterogéneo, pero todas tienen en común que, en mayor o menor medida, precisan de una protección singularizada en el ejercicio de los derechos humanos y libertades básicas, debido a las necesidades específicas derivadas de su situación de discapacidad y de pervivencia de barreras que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás personas".

La senadora socialista ha recordado que el Gobierno "debe tener una consideración extraordinaria en el plan de reconstrucción a las personas con discapacidad y, por eso, el Grupo Socialista ha presentado una moción para su aprobación en la Comisión de Políticas Integrales para la Discapacidad".

En la propuesta se contemplan aspectos como "mantener el apoyo a las entidades sociales y empresas de tercer sector que permitan continuar con su actividad; en el marco del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, recomendar a las comunidades autónomas el refuerzo del apoyo a las entidades sociales y de los conciertos que tienen firmados con las entidades y empresas del tercer sector que trabajan con personas con discapacidad".

También "mejorar el formato de la información que difunde para que se ajuste a los requisitos exigidos por las entidades sociales para una mejor comprensión de todas las personas con discapacidad; priorizar la vuelta a los colegios al alumnado con necesidades especiales, permitiendo la conciliación de la vida laboral y familiar".

Igualment, "impulsar medidas específicas de detección y atención a mujeres y niñas con discapacidad que puedan estar sufriendo cualquier tipo de maltrato; desarrollar nuevos planes de empleo para los colectivos de personas con discapacidad; o reforzar los planes de formación específicos para personas con discapacidad".

En este mismo sentido y en consecuencia con el compromiso socialista con el colectivo de personas con discapacidad y sus familias, De Pablo también se ha referido a las propuestas de conclusión que se han incluido en la Comisión para la Recuperación Económica y Social de La Rioja.

"Un importante número de medidas", ha dicho, para facilitar el acceso a la nueva normalidad del colectivo de personas con discapacidad y que vienen a responder a las propuestas del CERMI, del Comité Autonómico de Entidades de Representantes de personas con discapacidad.

Se contemplan propuestas "tan relevantes" como la redacción de una nueva Ley de Accesibilidad Universal que dé cumplimiento a lo establecido en la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las Personas con Discapacidad; la recuperación de la Ponencia de estudio de los derechos de las personas con discapacidad en el Parlamento de La Rioja, dependiente de la Comisión de Servicios Sociales.

También Medidas de refuerzo de los servicios sociales, reactivación económica o fortalecimiento de los sistemas de protección social, como facilitar el acceso a las prácticas en empresas y administraciones de estudiantes con discapacidad; las becas y ayudas al estudio destinadas al conjunto del alumnado prioricen a aquellos que tengan discapacidad, junto a otros colectivos sociales con especial vulnerabilidad social.

Igualmente, garantizar la perspectiva de género en el diseño y puesta en marcha de medidas socioeconómicas; y en Transporte, es necesario que, en todas las nuevas concesiones administrativas para servicios de transporte metropolitano e interurbano (autobús o taxi), se exija la plena accesibilidad de los vehículos. No hacerlo supone un incumplimiento de la Ley de los Derechos de la Personas con Discapacidad.

En definitiva, según Victoria De Pablo, "medidas para el acceso a la nueva normalidad de las personas con discapacidad, en el ámbito educativo, social, laboral y económico, que permitan a este colectivo su integración en igualdad de derechos que el resto de las personas".