En una rueda de prensa, el presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, ha reconocido un "error", pero ha defendido que este acuerdo partía de "la buena intención de valorar el trabajo que afectaba a funcionarios de diferentes ámbitos y que han demostrado un gran compromiso con la Diputación durante el periodo de pandemia".

De Vicente ha manifestado, por otro lado, que este grupo de funcionarios "no había querido pasar sus horas extras" y ha recalcado que este acuerdo era el segundo alcanzado para gratificar a los trabajadores públicos tras llegar a otro relativo a la compensación mediante tres días de libre disposición a los que realizaron teletrabajo, cinco a los que realizaron sus funciones de manera presencial y seis días a todos los profesionales de los centros residenciales.

La Diputación ya llegó a estos acuerdos con los representantes sindicales para compensar al personal de los centros. La propuesta inicial fue la compensación económica, pero "prefirieron días de libre disposición", según ha recordado su presidente.

"No me cuesta para nada pedir perdón a cada uno de ellos, si se han sentido menospreciados por este acuerdo", ha señalado De Vicente, quien ha añadido también que "no es justo el señalamiento que se ha hecho a los 41 trabajadores que iban a ser compensados".

Los criterios seguidos para llevar a cabo esta gratificación monetaria que ahora se rectifica están centrados "en el ámbito de responsabilidad y de decisión", trabajadores que "han asumido cometidos que iban más allá de su propio trabajo".

A este respecto, se ha referido al personal vinculado a servicios sociales, por la puesta en marcha de todos los protocolos de contingencia; al personal de la Comisión de seguimiento de la COVID-19, del que forma parte la jefa de enfermería de la residencia de Nava de la Asunción que, si bien parte del periodo laboral correspondiente al Estado de Alarma ha permanecido de baja, "ha seguido participando en las sesiones de la comisión de forma telemática".

Además, De Vicente también ha hecho referencia al personal que ha trabajado de manera presencial para la contratación urgente en residencias; al personal de asistencia a municipios con la gestión de los plenos telemáticos; al personal de informática, y al personal de oficios, que dio apoyo a las labores de limpieza y desinfección de espacios comunes en los centros residenciales.

La anulación de este acuerdo se llevará a cabo en la próxima Junta de Gobierno de la institución provincial.