Y es que a los trámites ordinarios se añaden los propios de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) derivados de la Covid-19, más los vinculados con el incremento del paro en los últimos meses, con una plantilla que ha perdido 55 efectivos en la provincia de Valencia.

Ese retraso se extiende a la tramitación de los expedientes, debido al volumen existente y esto supone, a la vez, un "retraso en el pago de las prestaciones, que podría llegar a alargarse hasta tres meses de seguir esta dinámica", alerta en un comunicado.

Según CSIF, "con la pandemia y los ERTE, la carga de trabajo se ha multiplicado por cinco". A esa situación se suma el incremento del desempleo, lo que redunda en un aumento de expedientes a tramitar para que las personas afectadas reciban las prestaciones que les corresponden.

Además, se unen los "fallos en la plataforma informática contratada para la tramitación de ERTE que dilata la elaboración de los expedientes", continua el comunicado.

La central sindical recalca que esa "sobrecarga de trabajo" se produce en un contexto en el que la plantilla de funcionarios del SEPE en la provincia de Valencia ha disminuido alrededor de un 12%. En concreto, ha pasado de 430 empleados públicos en sus oficinas en 2015 a 375 este año.

HORAS EXTRA INCENTIVADAS PARA AGILIZAR

Ante esta situación, el sindicato advierte del "colapso" que puede producirse en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal debido a la "sobrecarga para los trabajadores, que repercute en la calidad de la atención y dilata las citas previas y, por tanto, la aprobación de las prestaciones".

En estas circunstancias, la central sindical reclama un 'plan de choque urgente', que recoja medidas como la realización de horas extras voluntarias e incentivadas adecuadamente para poder agilizar las tramitaciones.