Un edificio en Albacete, otro en Santander, una comarca en Lleida y cuatro en Aragón... Fueron algunos de los primeros territorios españoles que, tras el fin del estado de alarma y la recuperación de la movilidad, impusieron algún tipo de confinamiento a su población a causa de la pandemia de COVID-19. A estas restricciones iniciales han seguido muchas más en otras regiones, que ha suscitado un acalorado debate sobre la competencia de las comunidades autónomas para decretar este tipo de medidas.  

Madrid plantea "medidas drásticas" y "confinamientos selectivos" para frenar los contagios

La discusión se ha recrudecido este miércoles cuando la Comunidad de Madrid ha anunciado que baraja aplicar un plan de "medidas drásticas" y "confinamientos selectivos" para contener la expansión de la pandemia en la región. Después de tres meses, los expertos no se ponen de acuerdo sobre la autoridad de las autonomías para tomar estas decisiones, pues algunos consideran que vulneran los derechos fundamentales y otros las ven necesarias para frenar el virus.

"Con las normativas que hay y con la ratificación de los jueces, las comunidades están legitimadas para implantar las medidas necesarias para evitar que se propague la epidemia. Si no lo pueden hacer las autonomías, que son la autoridad sanitaria competente, ¿quién puede?", se pregunta Ángel Sánchez, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid.

Para justificar su autoridad, las comunidades se están amparando en la Ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, que indica en su artículo 3 que las autoridades sanitarias (en este caso las propias autonomías, que tienen las competencias transferidas) pueden adoptar las medidas que crean necesarias en momentos críticos. No obstante, recalcan los expertos, estas disposiciones deben ser siempre ratificadas por la autoridad judicial.

"Si no lo pueden hacer las comunidades, que son la autoridad sanitaria competente, ¿quién lo puede hacer?"

"Hay que analizar caso por caso, por eso los jueces tienen que ver si las medidas son proporcionales", apunta el catedrático, en referencia al tipo de disposiciones adoptadas por las comunidades, que pueden ir desde la limitación de aforos hasta confinamientos domiciliarios, pasando por el cierre de establecimientos o restricciones de acceso a un territorio.

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Vía libre a los "confinamientos selectivos"

En la misma línea se posiciona la catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Comillas ICADE Isabel Álvarez, que considera que las comunidades están perfectamente legitimadas para adoptar este tipo de decisiones, siempre que la autoridad judicial las ratifique. "Desde el momento en que la pandemia está descontrolada, las autonomías pueden confinar el barrio que corresponda: prohibir que sus habitantes salgan a la calle o limitar el acceso a la zona. Es un lugar puntual en un momento concreto. Los jueces pueden considerar que es la vía de control", asegura.

No obstante, ambos coinciden en que, probablemente, para decretar un confinamiento perimetral o domiciliario de una comunidad entera sería necesario un estado de alarma parcial o total, aunque son prudentes. "Implantar este tipo de medidas a la comunidad entera no sería muy normal. Si pensamos en una autonomía multiprovincial, parece que podría exceder de las competencias de la región. Hablamos, además de otra cosa, de impedir la libertad de movimientos en general por el territorio", señala Álvarez.

"Las autonomías pueden confinar el barrio que corresponda: prohibir que sus habitantes salgan a la calle o limitar el acceso a la zona"

"Probablemente impedir a la gente que saliera a la calle en toda la Comunidad o instalar un confinamiento perimetral en torno a la misma requeriría un estado de alarma, pero tampoco lo puedo asegurar. Esto era política ficción hace un año, jamás nadie se había planteado este tema", afirma Sánchez.

Vulneración de derechos fundamentales

Una opinión radicalmente opuesta tiene Francisco Valiente, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Comillas ICADE, que estima que permitir que las comunidades decreten este tipo de medidas conculca derechos fundamentales de los ciudadanos, como la libertad de movimiento. En este sentido, recalca que solo deberían ser regulados por una ley orgánica, que siempre debe ser aprobada por el Congreso.

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"Los derechos fundamentales hay que protegerlos siempre porque son lo más importante, son la esencia de un sistema de libertades. Si hoy se pueden restringir por un mandato administrativo, se da pie a que se pueden restringir en ocasiones futuras por el mismo medio", denuncia, y señala que se ha perdido en estos meses "una oportunidad muy buena para aclarar cómo debe interpretarse el estado de alarma y la posibilidad de hacer confinamientos".

En este sentido, defiende que las medidas decretadas por las comunidades deben disponer de "límites muy puntuales, muy concretos y prácticamente quirúrgicos". "Yo no estoy cuestionando la posible necesidad sanitaria de aplicar confinamientos, puede ser que haga falta, sino que sea la autonomía quien lo decida", resalta.

Polémica en Cataluña

Este debate surgió cuando Cataluña aprobó un decreto ley que permitió a la autoridad sanitaria regional imponer restricciones a la actividad o a la movilidad de personas en situaciones que amenazaban la salud, como la que causó el coronavirus en Lleida y otros siete municipios de la comarca de El Segrià, donde el Govern tiene previsto confinar a 160.000 personas. El president de la Generalitat, Quim Torra, optó por esta vía después del veto judicial que había impedido confinar esa zona al considerarla una medida "desproporcionada" e "indiscriminada".

Esta medida suscitó una enorme polémica debido precisamente a que limitar la libertad de movimientos afecta a un derecho fundamental de los ciudadanos que solo puede conculcar de forma temporal el Gobierno de España tras decretar el estado de alarma, como sucedió a mediados del pasado mes de marzo para frena la expansión de la pandemia. 

Valiente explica que, en el caso de Cataluña, el procedimiento para confinar a una parte importante de la población debería haber pasado por solicitar al Ministerio de Sanidad de forma justificada que inste al Consejo de Ministros a aprobar la declaración de un estado de alarma parcial.  

"Cataluña no puede decretar un confinamiento general y menos por medio de una resolución que no tiene rango de ley. Es desproporcional y, además, está invadiendo competencias ajenas", asegura este experto, que no tiene dudas de que el decreto ley que se ha probado ahora es "inconstitucional". "Han optado por una norma de mayor calado que no necesita ratificación judicial", precisa.