¿Pueden las comunidades autónomas confinar a la población para frenar el avance del coronavirus?

Varias personas hacen cola en una farmacia 24 horas de Lleida
Varias personas hacen cola en una farmacia 24 horas de Lleida
EFE

Cataluña ha aprobado un decreto ley que permite a la autoridad sanitaria regional imponer restricciones a la actividad o a la movilidad de personas en situaciones que amenazan la salud como la que se está viendo en la actualidad a causa del coronavirus en Lleida y otros siete municipios de la comarca de El Segrià, donde el Govern tiene previsto confinar a 160.000 personas. 

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha optado por esta vía después del veto judicial que había impedido confinar esa zona al considerarla una medida "desproporcionada" e "indiscriminada". 

Esta medida está suscitando una enorme polémica debido a que limitar la libertad de movimientos afecta a un derecho fundamental de los ciudadanos que solo puede conculcar de forma temporal el Gobierno de España tras decretar el estado de alarma, como sucedió a mediados del pasado mes de marzo para frena la expansión de la pandemia. 

"Las comunidades no pueden restringir los derechos fundamentales de los ciudadanos. La Constitución es bastante clara y esto mismo dijo la jueza en su auto", afirma con rotundidad Francisco Valiente, profesor de Derecho Consititucional de la Universidad de Comillas ICADE. 

Valiente explica que en el caso de Cataluña el procedimiento para confinar a una parte importante de la población debe pasar por solicitar al Ministerio de Sanidad de forma justificada que inste al Consejo de Ministros a aprobar la declaración de un estado de alarma parcial.  

"Cataluña no puede decretar un confinamiento general y menos por medio de una resolución que no tiene rango de ley. Es desproporcional y además está invadiendo competencias ajenas", asegura este experto, que no tiene dudas de que el decreto ley que se ha probado ahora es "inconstitucional". "Han optado por una norma de mayor calado que no necesita ratificación judicial", precisa.

Pese a que la Ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública indica en su artículo 3 que las autoridades sanitarias, en este caso las comunidades autónomas, que tienen las competencias transferidas en virtud de la Ley General de Sanidad de 1986, pueden adoptar las medidas que crean necesarias en momentos críticos como los que vivimos, lo cierto es que esta norma no tiene la capacidad jurídica para obligar a las personas a quedarse en su casa por un tiempo determinado. 

"Estamos viendo que las comunidades tienen potestad para establecer el aforo de terrazas, la distancia social o el uso obligatorio de las mascarillas, pero no pueden confinar a 160.000 personas por su cuenta. Es una medida que carece de proporcionalidad. Esa competencia solo la tiene el Gobierno", concluye Valiente. 

Falta de liderazgo por parte del Gobierno

El catedrático de Derecho Constitucional de la UNED Carlos Vidal ha coincidido con el profesor de Comillas ICADE en sus valoraciones. "El único que puede tomar una decisión como esa es el Gobierno", ha declarado a Europa Press Vidal, quien ha descartado que Cataluña pueda por sí sola tomar una decisión de estas características por dos razones antes mencionadas: no tienen las competencias y deben hacerlo de acuerdo con el Gobierno. 

Este catedrático han considerado que al Gobierno le ha faltado agilidad y eso ha provocando que las autonomías vayan por delante y tomen decisiones que, en algunos casos, están en el límite de sus competencias por "falta de liderazgo" del Ejecutivo central. 

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