Los más de 150 establecimientos afectados son comerciantes de las calles Paneras, Pintores, Moret, Clavellinas, San Antón, Parras, Plaza Mayor, Galarza, y San José, entre otras, que critican que solo se permita el paso de los vehículos de transporte público, autobuses y turismo que vayan al párking de obispo Galarza, y de los vehículos que tengan su plaza de garaje en la zona, lo que ha hecho que se reduzca la afluencia de clientes y turistas.

En la protesta, los empresarios han metido en una caja de forma simbólica la llave de sus negocios como imagen del cierre al que están abocados por la escasez de ventas en el comercio local, y han portado un cartel en el que se podía leer: 'Nuestros negocios en sus manos. S.O.S las llaves de nuestro futuro'.

El presidente de la asociación de comerciantes de Obispo Galarza, Manuel Méndez, ha pedido al Gobierno local que "diga claramente qué va a hacer" en la zona, y que cuenten con la opinión de los afectados para llevar a cabo los planes de movilidad y las posibles peatonalizaciones de estas vías, principalmente en la calle Parras, donde se quiere construir una plataforma única.

Esta calle es la principal vía de entrada de turistas a la ciudad ya que desemboca en el parking Galarza, donde también paran los autobuses turísticos para visitar el centro. Así, por la calle Alzapiernas, que conecta Parras y Moret, pasaban al año casi un millón de personas y unos 4.500 coches, según ha dicho el presidente.

El motivo de este descenso en la afluencia de clientes se debe, según los comerciantes, a que en la calle San Antón "hay una señal de dirección única" y de prohibición de circular a vehículos no autorizados, que disuade al visitante de entrar en el centro y, por lo tanto, de comprar o consumir en los establecimientos.

"Si nos cortan la circulación a esta zona, el centro se va a morir más de lo que se está muriendo", ha dicho Méndez, que ha recordado que son ya "innumerables" los negocios que han cerrado en estas calles, con mucha tradición comercial, incluso algunas franquicias de marcas nacionales que han echado el cierre en la calle Pintores.

Ante esta situación, los manifestantes han elaborado un manifiesto en el que muestran su "rotunda" y "firme" oposición a estas medidas que llevarían a la "muerte" de la actividad, económica y social del entorno, ya "muy tocado por decisiones de rango parecidas, cuyos resultados han sido muy negativas para el tejido residencial y comercial", recoge el texto.

Critican expresamente que estas medidas que se pretenden instaurar se pretendan aplicar de forma puntual, sin coordinación con todas las demás contempladas en el Plan de Infraestructuras para la Movilidad Urbana y Sostenible (Pimus) aprobado en 2009, que recoge que las acciones que se desarrollen deben ser "compatibles con el crecimiento económico".

"Que nos expliquen cómo las medidas restrictivas de accesibilidad y comunicación crean crecimiento económico, porque ya tenemos la experiencia de restricciones de acceso cuando hay eventos y se corta el eje de comunicación, que suponen días completos sin ventas", se asegura en el manifiesto.

MEDIDA PARCIAL E INCOHERENTE

En parecidos términos se ha pronunciado el vicepresidente de la asociación de empresarios de Galarza, Damián Arroyo, que ha criticado que se pretende tomar una medida "parcial" y "no coherente" con el plan especial de viabilidad aprobado en 2014, en el que el Ayuntamiento de Cáceres se apoya para intentar modificar la accesibilidad de la calle Clavellinas y todo el eje de San Antón, calle Parras, San José y Santa Gertrudis.

Según ha explicado Arroyo a los medios de comunicación, la eliminación de este eje o la moderación de su acceso "es mortal para la ciudad", ya que ese plan de viabilidad establece otra treintena de medidas complementarias apoyadas en el Pimus, "que no se ha hecho ninguna", como por ejemplo la construcción de "siete aparcamientos subterráneos".

Además, tanto el Pimus como el plan de viabilidad establece que "todas" las medidas que se adopten tienen que llevar un plan económico social, de manera que no se puede llevar a cabo una actuación que no genere una riqueza económica, residencial o comercial. "Está claro que las restricciones de tráfico son absolutamente negativas", ha sentenciado.

Arroyo ha incidido en que la construcción de una plataforma única en la calle Parras "es un disparate de tamaño descomunal" porque no se podrán colocar bolardos para diferenciar la acera por lo que un autobús debe pasar por una vía de 3,75 metros con otros 80 centímetros de acera a cada lado para los peatones. "¿Cómo se protege a los peatones si no hay bordillos?", se ha preguntado.

"Desde el punto de vista técnico, comercial y social es un desastre", ha subrayado el empresario, que insiste en que las estadísticas sobre el abandono de residentes en el casco antiguo y aledaños avalan que no se pueden tomar estas medidas porque "muchos emprendedores que han invertido su tiempo y su dinero" ven peligrar sus negocios con estas acciones.

Asimismo ha recordado que una medida que sí revitalizaría la zona es la aprobación definitiva del Plan Especial de Rehabilitación y Protección del Casco Antiguo, que lleva esperando una actualización "treinta años" y cuya redacción se adjudicó hace cuatro año ya.

"No se pueden tomar decisiones puntuales a ver qué pasa, sino que hay que cumplir integralmente todos los requisitos del plan especial de movilidad con un estudio económico y social de que las medidas que se quieran adoptar producen bien y no mal", ha concluido.

Los comerciantes de la zona cuentan con el apoyo de la Asociación de Empresarios del Comercio de Cáceres (AECA), la asociación de Rodríguez Moñino y la de Gómez Becerra, así como otras organizaciones empresariales de la ciudad. AECA se reunirá con el Gobierno local el día 14, mientras esperan que se fije otra fecha para un encuentro de los responsables municipales con estos empresarios afectados.