Uno de los proyectos que tenía el Gobierno antes de la crisis sanitaria por la Covid era acometer una reforma “amplia” del Código Penal para, entre otros aspectos, revisar las penas por rebelión y sedición y adecuarlas a otros países de nuestro entorno, donde los delitos por los que fueron condenados los líderes independentistas que organizaron el 1-O no existen o tienen castigos más bajos. Sin embargo, este martes, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha negado la mayor. Según ha dicho, esta no fue nunca una pretensión del Ejecutivo, ha dicho, diluyendo también un horizonte temporal para esta reforma legal que en principio iba a proponerse antes de que terminara el año.

“No ha habido ningún compromiso por parte del Gobierno en ningún cambio normativo del Código Penal sobre materia de rebelión y sedición”, ha asegurado Campo durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes. Según ha dicho, su único compromiso es que el Gobierno lleve al Congreso una propuesta de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal antes de que termine el año.

Estas palabras contrastan con las afirmaciones que hacía el Gobierno y el PSOE antes de que estallara la pandemia. A principios de año, el Ejecutivo decidió acometer una reforma del Código Penal limitada al consentimiento de las relaciones sexuales, precisamente por el retraso que habría provocado querer incluir elementos tan complicados como la revisión de los delitos de rebelión y sedición. Finalmente, la ministra de Igualdad, Irene Montero, pudo presentar el proyecto legislativo con motivo del Día Internacional de la Mujer y quedó claro que más tarde se afrontaría una reforma más “amplia” que también contemplaría modificaciones en los delitos por los que Oriol Junqueras, Raül Romeva o los Jordis fueron condenados.

Este objetivo parecía claro, hasta el punto de que la disputa estaba en quién debería proponer tal reforma. Si el Consejo de Ministros mediante un proyecto de ley o el grupo del PSOE en el Congreso, a través de una proposición de ley. En enero, la portavoz socialista en la Cámara Baja, Adriana Lastra, aseguró que los socialistas eran “conscientes de que había que modificar el delito de sedición y rebelión, sobre todo por lo que nos decían otros tribunales europeos”. “Hay que homologarlo y, sobre todo, hacer entendible nuestro Código Penal al resto de justicias europeas”, dijo Lastra que un mes más tarde, en febrero, apostó por que la propuesta surgiera del propio Gobierno.

Sin embargo, este martes Campo ha frenado estos planes y ha minimizado el alcance de la reforma del Código Penal por lo que se refiere a estos dos delitos. Ha aludido a una comparecencia suya en el Senado en la que, ha, dicho, “expuse cuál era la situación del panorama internacional, cité Alemania, Francia, Italia, y expuse que había una voluntad de que la legislación española debía ser objeto de revisión porque no se toca hace 200 años”.

Campo ha asegurado que “no está establecido un calendario, pero es verdad que hay que modificar el Código Penal” pero para otros delitos. “Deberíamos abordar la emergencia climática, la defensa de los derechos de los animales y un largo etcétera, como la lucha contra cibercrimen”.

Y tampoco ha puesto ya una fecha concreta. “Es compromiso de este ministro que no abordaría ninguna de estas reformas sin un gran consenso, aportando todos los informes pertinentes para poder abrir un debate sereno, porque es un debate que lleva anclado en el Código Penal 200 años y no conviene hacerlo en 15 días”, ha dicho. “Ahora, toda las energías están volcadas en la reconstrucción del país”.