El PP insta al Consell de Menorca a defender la autonomía de los municipios para evitar una "cascada de indemnizaciones"

El PP ha considerado este martes que el gobierno del Consell de Menorca "se ha dejado llevar" por las políticas de protección territorial que pretende llevar a cabo el Govern "sin atenerse a las especificidades de cada isla y sin que la institución menorquina ejerza la defensa directa de los intereses de Menorca".

En un comunicado, los 'populares' han remarcado que las nuevas disposiciones recogidas en el Decreto Ley 9/2020, de 25 de mayo, "tendrán consecuencias y arrastrarán a algunos ayuntamientos al pago de grandes sumas de dinero en concepto de indemnizaciones por la cancelación de derechos urbanísticos consolidados y el Consell no ha hecho nada por evitarlo"

"Hasta el momento, el gobierno del Consell no ha facilitado información de solvencia técnica y suficientemente razonada y convincente para despejar los riesgos sobre el pago de derechos indemnizatorios", ha dicho el conseller 'popular' Carlos Salgado.

El responsable del PP del seguimiento de asuntos urbanísticos y de ordenación territorial ha atribuido "desconcierto, titubeos e incertidumbres" al conseller socialista Miquel Company.

"Sus explicaciones son deficientes y escasamente tranquilizadoras para una institución y una isla que todavía carga con el pago de grandes cantidades de dinero por las políticas de reconversión plasmadas en el Plan Territorial Insular (PTI), asumiendo la indemnización más grande que se ha tenido que pagar en Baleares por desclasificación de terrenos y recorte de derechos urbanísticos".

En esta línea, el PP propone que el Consell de Menorca plantee un conflicto en defensa de la autonomía municipal, "lo que en la práctica podría anular las partes del decreto ley que menoscaban, invaden y atropellan la autonomía de los municipios para ordenar y gestionar su territorio".

En una segunda propuesta, los 'populares' solicitarán al Consell de Menorca que, como institución insular, asuma un papel coordinador para facilitar a los municipios de la isla que puedan completar sus planeamientos y decidir sobre las clasificaciones de suelo urbano y urbanizable de acuerdo a las necesidades de crecimiento y dotación de estructuras y equipamientos comunes para adaptarse a las previsiones de la Ley 12/2017 de Urbanismo de Baleares.

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