Según indican desde el Ejecutivo autonómico en nota de prensa, aunque la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar realiza revisiones anuales, "en esta ocasión la labor inspectora se extenderá a los 259 centros de estas características con que cuenta la comunidad".

El plan de inspección de servicios sociales 2020, que publica este lunes el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), establece la necesidad de realizar una labor de control extra debido a la crisis sanitaria y su impacto en los centros de personas mayores y discapacitadas, por lo que se realizará una revisión urgente de estos recursos.

El objetivo es, señalan desde el Gobierno asturiano, "detectar, en caso de que las hubiera, situaciones de deficiente atención a las personas usuarias y una vez detectadas, aplicar las medidas necesarias para su corrección".

El plan especifica que será el Servicio de Inspección y Calidad, en coordinación con el Servicio de Planificación e Innovación Social, el encargado del seguimiento de alerta temprana, tanto si se descubre algún caso de la COVID-19 en alguno de los centros, como ante cualquier otra situación de riesgo para las personas usuarias de estas residencias, tanto mayores como con algún tipo de discapacidad. En caso de detectarse algún tipo de irregularidades éstas deberán de ser subsanadas ajustándose a los plazos que establece la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar en cada caso.

Para llevar a cabo estos controles y verificar que se está cumpliendo la normativa vigente en materia de servicios sociales, se llevará a cabo un registro de cada actuación inspectora, que se recogerá posteriormente en la memoria anual, reflejando, entre otros, los siguientes datos: el tipo de actuación desarrollada en cada centro, el objeto de la inspección y el resultado de cada una de las actuaciones.

Esta memoria anual será, asimismo, objeto de publicación, siguiendo la línea de mejora de la transparencia que se sigue en la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar.