Así lo ha señalado en su comparecencia en la Comisión para la reconstrucción económica, social y sanitaria de la Comunitat Valenciana que ha tenido lugar en Les Corts, que ha comenzado dando el pésame a las familias de los fallecidos por Covid-19, especialmente de aquellos que vivían en una residencia, cuya pérdida "es irreparable".

Toro ha señalado que el sector vivió una "falta de información previa" a la pandemia por parte de la administración valenciana y ha asegurado que Aerte mandó un correo a las consellerias de Igualdad y de Sanidad el 26 de febrero preguntando por los protocolos a poner en práctica, en un momento en que "hablar de esto era ser alarmista", y los centros no se cerraron al público hasta el 18 de marzo.

Así, ha indicado que aunque sería trabajar sobre una hipótesis habría que reflexionar sobre "qué impacto habría tenido haber cerrado antes las visitas a los centros" como hicieron algunos antes de que se decretara afrontando críticas por ello.

El responsable de la patronal de las residencias ha resaltado que "no han llegado a tener casos confirmados ni el 50% de los centros" de la Comunitat y a fecha de 27 de junio hay casos activos en 8 centros, "el 97,5% está libre" de coronavirus.

Durante la pandemia, ha asegurado, las residencias han sufrido falta de material y ha apuntado a su escasez y el desarrollo de la enfermedad: "Hemos trabajado muchas veces sin material, lo hemos conseguido como hemos podido".

A su juicio, fue un error la concentración de la compra del material en el Ministerio de Sanidad porque "lo que hizo fue bloquear el mercado" y los trabajadores y residentes se encontraron en una situación de "desprotección absoluta".

Ha reconocido el esfuerzo del Consell por conseguir material, que llegó hacia finales de marzo, pero ha subrayado: "A pesar del esfuerzo nunca hemos llegado a tener el material necesario, por ejemplo ahora faltan guantes".

También ha aludido a la falta de pruebas, lo que les hacía "trabajar a ciegas" ya que "hasta el 24 de abril no se empiezan a hacer los test de manera masiva" y dependiendo, además, del departamento de salud, lo que genera diferencias entre centros y hace que hoy día haya algunos que no hayan sometido a pruebas masivas a todo su personal y residentes.

DERIVACIONES A HOSPITALES

Asimismo, ha indicado que "no se ha podido garantizar en ningún caso una adecuada atención sanitaria" y ha recordado que los residentes tienen "el mismo derecho de acceso a la sanidad que cualquier persona que viva en su casa".

Los servicios de las residencias, ha incidido, "son complementarios" y se centran básicamente en el seguimiento de las enfermedades crónicas pero no juegan un papel "como el que se les ha pretendido dar" en esta crisis porque no están diseñados para ello, siendo centros sociales, no sanitarios.

Toro ha indicado que las derivaciones a hospitales han dependido del departamento y ha admitido que "ha habido casos en que se ha negado" o se ha indicado que la atención en la residencia era lo más adecuado, "sabiendo que no tienen medios para hacerlo". "Dejar a una persona con una enfermedad junto a muchísima gente vulnerable era un absoluto error", ha subrayado.

"FALTA DE COORDINACIÓN"

José María Toro también ha cuestionado la falta "evidente" de coordinación entre Sanidad y Políticas Inclusivas, con "contradicciones entre normativas" como la de nuevos ingresos.

Ha afirmado que ha habido un "contacto directo" entre Aerte y Sanidad, que aunque no siempre les daba todo lo que reclamaban al menos sí mantenía la interlocución.

Respecto a Igualdad y Políticas Inclusivas, ha señalado que se han sentido "solos" porque no ha habido reuniones "en los dos peores meses" y él habló con la titular, Mónica Oltra, una vez "el 23 de marzo por teléfono" y ya a finales de mayo para abordar la desescalada.

Desde ese departamento han explicado a Europa Press que a esa llamada del 23 de marzo se suman otras dos el día 27 de mayo, una videoconferencia el 25 de mayo, una reunión presencial el 9 de junio y mensajes por WhatsApp el 21 de febrero, los días 23, 28, 29, 30 y 31 de marzo, los días 7 y 10 de abril, y el 26,27, 28 y 29 de mayo, así como comunicaciones con otros miembros de la conselleria que hacen un total de 89 contactos.

El presidente de Aerte ha asegurado que se les ha reclamado información y la han entregado a diario a Salud Pública, Igualdad, Fiscalía y Delegación del Gobierno.

PROPUESTAS DEL SECTOR

Entre las propuestas, ha indicado que apuesta por crear un grupo de trabajo con esas dos consellerias con el sector para que este también pueda aportar sus ideas y evitar que algo como lo que ha pasado vuelva a ocurrir.

Además, ha reclamado garantizar el suministro de material de protección, pruebas periódicas cada 15 días, una comisión de coordinación sociosanitaria, reformar protocolos, un procedimiento unificado de información y mantener los trabajadores sanitarios en los centros.

Ha pedido también Toro que se apueste por el sector de atención a la dependencia en el nuevo modelo económico y ha aludido a las posibilidades de empleo no deslocalizable que ofrece. Asimismo, ha instado a no desincentivar la inversión privada en este campo porque si el Estado o la comunidad no puede afrontar la demanda habrá "miles de personas" que podrían quedar desatendidas: "Es inviable hacer un planteamiento que no pase por la colaboración público-privada".

AUTOCRÍTICA

Los grupos del Botànic (PSPV, Compromís y Unides Podem) han coincidido en su turno de palabra en que han echado en falta un ejercicio de autocrítica en las palabras de Toro.

Al respecto, este ha indicado que no tiene sentido "culpabilizar a las residencias por lo que ha pasado" porque "se les está pidiendo algo para lo que no estaban preparadas" y una crisis sanitaria como esta la debe resolver el sistema sanitario.

Sí ha indicado que entre sus errores están "haber esperado que la administración diera una respuesta" y no haber cerrado antes las residencias y que a veces la comunicación con las familias no ha sido la adecuada, aunque ha remarcado que no podían a veces suplir bajas de la plantilla porque la gente no quería trabajar en los centros afectados.

"Claro que hemos tenido problemas, pero exigir a las residencias algo para lo que no estamos diseñadas es sacarlo de contexto", ha reiterado.

Ha añadido que se han dado casos positivos en residencias con más de un centenar de personas y en otras con 25, por lo que "no es un factor de número, sino que "lo que ha fallado es el sistema de salud" y la falta de pruebas.