Varias comunidades sufragan sus reformas con carteles ilegales

  • Urbanismo sanciona a los propietarios de los edificios por cubrir toda la fachada con una lona publicitaria sin permiso.
  • Las multas oscilan entre los 600 y los 3.000 euros.
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La situación actual ha provocado que las comunidades de vecinos escruten los posibles atajos para ahorrarse unos duros en la restauración de sus edificios. Es lo que ha ocurrido con varios inmuebles de la zona centro, cuyas derramas deberán incluir el coste de las sanciones impuestas por el Ayuntamiento.

La Gerencia de Urbanismo ha abierto dos expedientes sancionadores contra sendos inmuebles (situados en el nº 12 de la avenida Constitución y nº 17 de Gran Vía) por cubrir toda la fachada con «publicidad ilegal».

Ambos edificios lucen carteles a lo largo de todo el inmueble que promocionan una marca de cervezas, un tipo de publicidad que está prohibida «en este tipo de casos», explican fuentes municipales.

Se trata de dos edificios catalogados que se encuentran dentro del ámbito de protección del Plan Centro, una categoría que les impide «colocar una lona publicitaria privada a lo largo de todo el edificio y menos sin permiso», añaden las mismas fuentes.

Para los inmuebles protegidos la ordenanza recoge la posibilidad de cubrir los andamios con una lona que, en caso de ser decorada, sólo podrán incluir «imágenes que se refieran al propio edificio» representando el alzado o, incluso, con fotografías antiguas del inmueble o textos explicativos de la reforma.

Fuente de ingresos

La norma contempla una excepción que permite incluir publicidad privada siempre que no ocupe más de 20% de la fachada. En los casos anteriores, «lo que ocurre es que los propietarios se arriesgan porque con lo que ingresan por la publicidad pagan el andamiaje y, a veces, hasta la restauración completa».

Dos meses para legalizarlos

Urbanismo ha otorgado un plazo de dos meses para que dichos carteles sean retirados. De cualquier forma, el proceso sancionador no se interrumpe con multas de entre 600 y 3.000 euros «que pagan los propietarios de los edificios o comunidades, no la empresa de reformas».

Las inspecciones continuarán, advierte Urbanismo, en el presente mandato centrado en la rehabilitación de inmuebles históricos.

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