Así consta en el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, que le ha remitido el ministerio público al Juzgado Decano de Valencia para que, al órgano judicial que le corresponda, incoe el oportuno procedimiento penal.

Este caso parte de una denuncia interpuesta por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) a finales de 2019 ante la Fiscalía, en la que ponía de manifiesto que el Consorcio Hospital General Universitario de Valencia había cubierto, mediante un contrato de trabajo de duración determinada, una plaza de facultativo especialista en análisis clínicos de manera fraudulenta.

Para cubrir esta plaza se sustituyó a una persona con motivo de su liberación sindical. Según denunció CSIF, se liberó durante un periodo de varios meses a una persona de su puesto de trabajo para formar parte de una Comisión de Integración que "no existió funcionalmente" y para cubrir su puesto se recurrió a otra facultativa de manera "fraudulenta".

De esta forma, durante todo ese tiempo, ambos especialistas estuvieron cobrando sus salarios, guardias y pagas mientras uno de ellos estaba liberado. El gasto global por esta situación de doble contrato ascendió a casi los 50.000 euros.

Sobre la inexistencia de la Comisión, el sindicato mantiene su ausencia de funcionalidad en base a que no se ha tenido comunicación de su creación, de quiénes la componían ni informes ni actas de las sesiones celebradas.

Además, supuestamente se mantuvo el presunto contrato fraudulento en la plaza una vez se extinguió la causa que motivó la contratación, contraviniendo de este modo los procedimientos establecidos al efecto para la cobertura temporal de plazas básicos. Esto es la Resolución de 15 de junio de 2016 en la que se aprobaron las normas reguladoras para la contratación determinada y la mejora de empleo.

También se ha entendido vulnerada otra normativa de más amplio alcance como son la Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público, en concreto su artículo 55, e incluso lo dispuesto en los artículos 23 y 03 de la Constitución Española.

La Fiscalía de Valencia, tras estudiar los hechos denunciados, ha acordado trasladarlos al juzgado para que se depuren las posibles responsabilidades penales en el caso en que existan.