El Gobierno clasifica como "secreto" la seguridad del chalet de Iglesias y Montero

  • La Guardia Civil aumentó el despliegue en el lugar tras las protestas ciudadanas llevadas a cabo frente al inmueble.
Agentes de la Guardia Civil en los alrededores de la vivienda de Iglesias y Montero en la localidad de Galapagar.
Agentes de la Guardia Civil en los alrededores de la vivienda de Iglesias y Montero en la localidad de Galapagar.
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El Gobierno ha clasificado como "secreto" la seguridad del chalet familiar del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, que está situado en la localidad madrileña de Galapagar.

Así lo asegura el Ejecutivo a través del Portal de Transparencia, al que Servimedia se dirigió para conocer los efectivos que se destinan a proteger de la vivienda de Iglesias y Montero. Este dispositivo ha sido objeto de debate en las últimas semanas, ya que las protestas ciudadanas frente el inmueble han llevado a la Guardia Civil a aumentar en el lugar el despliegue de agentes y vehículos.

A este respecto, varios medios de comunicación han informado en los últimos días de que la Benemérita ha destinado a la vigilancia de la vivienda de Iglesias y Montero agentes de Villalba, El Escorial y Torrelodones, localidades madrileñas situadas cerca de Galapagar.

En este sentido, Servimedia preguntó al Gobierno cuántos agentes y vehículos de las Fuerzas de Seguridad del Estado están asignados de forma permanente al dispositivo de seguridad en el domicilio del vicepresidente y la ministra. También se solicitó información sobre si cobran horas extra los agentes dedicados a este operativo y si hay una estimación del dinero destinado al mes a proteger este inmueble de Galapagar.

"Eficacia operativa"

El Ejecutivo se refiere a estas cuestiones en una respuesta, con fecha del pasado 23 de junio, emitida por la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior.

En esta contestación, se explica que la Ley 9/1968 de Secretos oficiales establece que pueden ser objeto de protección "determinadas materias" sobre las que dar información puede “afectar a la seguridad y defensa del Estado". Se apunta que cuando esto sucede se puede clasificar un asunto "como 'Secreto' o 'Reservado".

Interior señala que el acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 1986, ampliado por acuerdos de 17 de marzo y 29 de julio de 1994, "otorga el carácter de 'Reservado' a aquella información relativa a las plantillas de personal y medios y de equipo de las unidades" de las Fuerzas de Seguridad.

"Por tal motivo", dice el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, "la difusión de la información relativa a las plantillas de personal o número de efectivos de que dispone determinada unidad para el cumplimiento de sus funciones (por la seguridad de la vivienda de Iglesias y Montero), revelaría el estado de eficacia operativa de la unidad y sus capacidades para acometer las funciones que le están encomendadas, perjudicando, con ello, la protección de los intereses de seguridad pública".

Como con el Falcon

En consecuencia, Interior apunta que al tratarse de "información especialmente sensible y protegida por la Ley de Secretos Oficiales, se considera procedente denegar el acceso público a la información solicitada, al amparo de lo dispuesto en el apartado d) del artículo 14.1 de la Ley 9/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen Gobierno".

Al mismo tiempo, el Gobierno concluye que su negativa a informar sobre el dispositivo de seguridad respecto a la vivienda de Iglesias y Montero puede recurrirse ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de un mes.

Precisamente el Ejecutivo también se remitió a la Ley de Secretos Oficiales y al Consejo de Transparencia cuando en 2019 se negó a informar del coste que tuvo que Sánchez usara un avión Falcon de las Fuerzas Armadas para asistir en julio de 2018 a un concierto del Festival Internacional de Benicássim (FIB), en Castellón. El recurso que entonces presentó Servimedia ante el Consejo de Transparencia llevó al Gobierno a informar posteriormente que este uso del avión oficial tuvo un coste de 282,92 euros.

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