Según han informado fuentes del Comité de Empresa, el resultado del encuentro de este viernes era el previsto, teniendo en cuenta que el Tribunal de Arbitraje y Mediación de Baleares (Tamib) ya había acogido anteriormente otra vista en la que tampoco hubo acuerdo.

El acto de conciliación es un paso previo a la vía judicial, a la que recurrirán ahora los 95 trabajadores demandantes citados a la vista de este viernes. Mientras, sigue su curso otro procedimiento más avanzado, con fecha de juicio para noviembre, en el que están incluidos los miembros del comité de empresa y la trabajadora de mayor antigüedad de IB3.

Se trata de un conjunto de demandas individuales de trabajadores del contrato de Liquid Media con IB3, que incluye los informativos de radio y televisión, los boletines horarios, las desconexiones de Pitiusas y Menorca y los programas 'Zoom', 'Illes i Pobles' y 'Meteo', así como la web de IB3 Notícies. Los trabajadores demandantes son mayoritariamente redactores y cámaras, pero también hay otros perfiles como productores y realizadores.

Estos profesionales reclaman ser contratados directamente por el ente público de radiotelevisión. Sostienen que llevan años trabajando bajo la marca de IB3, en las instalaciones de la corporación, pero sin ser considerados empleados del ente. En este sentido, junto con la internalización solicitan una actualización salarial para adecuar sus retribuciones a las establecidas en IB3 para categorías asimilables.

Se están preparando otras dos oleadas de demandas con más trabajadores; por el momento, un total de 107 ya han dirigido acciones contra el ente.

Los profesionales están siendo asesorados por la cooperativa de abogados Col·lectiu Ronda, que intervino en la demanda por cesión ilegal de trabajadores en la televisión municipal de Barcelona (BTV). El Juzgado catalán dio la razón a los trabajadores y consideró que el régimen de contratas constituía un subterfugio de la sociedad municipal para evitar aplicar las condiciones laborales y salariales que corresponderían, una decisión que en 2016 confirmó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).