El Parlamento Europeo ha aprobado este jueves un informe en el que recomienda retrasar la edad de jubilación sobre una base voluntaria. Esta recomendación parte de los datos que se ofrecen en dicho informe que alerta sobre el envejecimiento de la población en la Unión Europea (UE) y sus consecuencias en el aumento en gasto público, principalmente en concepto de pensiones, asistencia sanitaria y cuidados de larga duración.

En España, en enero de este año entró en vigor una ley, aprobada en noviembre de 2007, que incentiva a los trabajadores a prolongar su vida laboral más allá de los 65 años de forma voluntaria hasta una edad máxima de 70 años. Esto "contribuiría a mantener el actual sistema de pensiones español", según dijo el entonces ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera.

De esta forma, las personas que quieran seguir trabajando, recibirán incentivos por ello como, por ejemplo, un incremento en su jubilación del 3% anual, hasta alcanzar un máximo del 15% de mejora. También existen ayudas a las empresas para que esta ampliación de la vida laboral no les suponga ningún coste.

Sin población activa

Los eurodiputados también han pedido este jueves a los Estados miembros que mantengan los niveles adecuados de financiación de la seguridad social y los sistemas de pensiones. Y es que si la inmigración se mantiene en los niveles actuales, la población activa europea pasará de 227 millones de personas en 2005 a 183 millones en 2050, y será considerablemente más vieja.

Según las últimas estimaciones, el número total de personas empleadas se incrementará en 20 millones en 2017, pero después se reducirá en 30 millones en 2050, por lo que la proporción de personas mayores de 65 años respecto de las personas en edad de trabajar aumentará de 1:4 en 2005 a 1:2 en 2050.

Para que el aumento de gasto público mencionado anteriormente pueda financiarse, la Eurocámara propone en primer lugar reducir el paro y aumentar la tasa de empleo, con especial énfasis entre las personas con un elevado potencial laboral, como los discapacitados, las mujeres y los mayores.

Finalmente, los parlamentarios piden que se debata a escala nacional el retraso de la edad de jubilación. En este sentido, el informe reclama que, al margen de las disparidades entre los Estados miembros en edad legal de jubilación, se aliente a los trabajadores a seguir en su empleo, sobre una base voluntaria y mientras las circunstancias lo permitan, hasta alcanzar dicha edad e incluso más allá de la misma.