La representante socialista en la comisión Ana Sánchez ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha reclamado a la Presidencia del Parlamento regional que no se tenga en cuenta la petición del Ejecutivo autonómico de eliminar la documentación entregada en soporte digital.

Para ello, el PSOE ha presentado un escrito dirigido a Luis Fuentes en el que se pide que "no se tenga en cuenta en ningún caso" esta petición y ha abierto la puerta a solicitar al Juzgado que lleva el caso que requiera a las Cortes esta carpeta para comprobar que el contenido sea el mismo que obra en su poder.

Sánchez ha lamentado que la Junta "no sólo no facilita" la documentación solicitada, sino que "pide que se borre la que se ha enviado", tras lo que ha preguntado al socio de Gobierno del PP en la Junta, Ciudadanos, "qué opina de semejante barrabasada".

Tras calificar la situación de "esperpento", la procuradora socialista se ha preguntado "qué es pero", si que se trate de una "chapuza" o de un intento de "tapar la corrupción". "Todo lo más que sabemos para borrar la documentación lo justifican en un error", ha lamentado Ana Sánchez, quien ha advertido que "de error en error" se han "desvalijado" de las arcas públicas "más de 1.100 millones" de euros.

Sánchez ha rechazado también el argumento de la Junta de Castilla y León para negar la documentación solicitada por los socialistas en la reunión de la comisión celebrada este jueves en base a "razones fundadas en Derecho" y que considera "inadmisible" y que "no se sostiene".

"Piensa que somos todos idiotas como lo pensaron durante décadas mientras desvalijaban las arcas públicas para llenar bolsillos de altos cargos Junta", ha aseverado.

Ante este situación, Ana Sánchez ha anunciado que su Grupo va a solicitar a los servicios jurídicos de las Cortes un informe sobre el informe de la Junta y ha advertido de que llegado el caso solicitarán el amparo del presidente de la Cámara, como ya hicieron la pasada legislatura con la entonces presidenta Silvia Clemente, e incluso ha abierto la puerta a acudir al Tribunal Constitucional para "saber dónde fue a parar hasta el último céntimo que era de los castellanoleoneses y que no llegó a la sanidad o la educación".