La sanidad privada alerta del riesgo de quiebra de 2.400 pequeñas clínicas españolas, que dan empleo a 60.000 profesionales, debido al impacto de la pandemia de coronavirus y, según denuncian, a la falta de apoyo por parte del Gobierno que preside Pedro Sánchez.

Desde la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), que agrupa a más de 1.300 entidades sanitarias y representa a más del 80% de los centros hospitalarios privados, alertan de que vienen solicitando sin éxito "desde hace tres meses al Gobierno ayudas y compensaciones para paliar el deterioro económico causado por la actividad de servicio asistencial desarrollada durante la pandemia de salud pública".

Centros sanitarios llenos de personal y vacíos de pacientes

Según explica Carlos Rus, presidente de ASPE, a 20minutos el problema fundamental ha sido que la sanidad privada, como servicio esencial durante la pandemia, sufrió diferentes casuísticas, que obligaron a trabajar a todos los profesionales incluso en zonas con escasa incidencia de Covid-19. "Las necesidades han sido muy diferentes en ciudades como Madrid o Barcelona, donde se triplicaron las plazas, pero en cambio hubo otras muchas zonas en el resto de España con una incidencia mínima", recalca. 

Así, agrega, "muchas clínicas tuvieron que tener disponibles a todos sus profesionales, aunque había pocos pacientes". Según Carlos Rus, "es obvio que debe haber compensación pública porque de lo contrario 2.400 clínicas sanitarias irán a la quiebra". 

Muchas clínicas tuvieron que tener disponibles a todos sus profesionales, aunque había pocos pacientes

Según recalcan desde ASPE, se han dado en muchos casos una situación extrema: "clínicas abiertas como actividad esencial, sin pacientes por el confinamiento, con una caída abismal de ingresos y sin medidas de reorganización laboral". Ahora, estos centros afrontan la fase de ‘nueva normalidad’ con un tercio de las consultas que se registraban previamente al estado de alarma, por el miedo al contagio.

Imposibilidad de aprobar ERTEs

El presidente de la patronal sanitaria privada compara la situación con otros sectores: "El sector turístico cerró, pero pudo adecuar las plantillas con los ERTE. Sectores esenciales como los supermercados pudieron adecuarse porque tenían una actividad elevada". Por contra, denuncia Rus, "el único sector al que no se le ha permitido hacer ERTEs, que no son despidos sino una suspensión temporal de empleo, ha sido a nosotros". 

"Muchas clínicas sin apenas actividad, y por tanto con los ingresos mermados, tenían que mantener a todos los profesionales operativos. No se permitió realizar ERTEs y cuando sí se dejó fue a finales de mayo, cuando ya no tenía sentido", reprocha.

Qué reclama la sanidad privada

El presidente de ASPE cifra en 246 millones de euros la compensación que necesita el sector sanitario privado para evitar la quiebra de 2.400 clínicas que dan trabajo a unos 25 empleados d e media. 

"El Gobierno debe fijar unas tarifas medianamente homogéneas, no se puede permitir que cada CCAA establezca lo que quiera", indica. Al respecto, Carlos Rus elogia el modelo catalán: "Es un sistema bueno porque de forma pública establecen la forma de compensar. Nosotros creemos que debería haber compensación por cada cama puesta a disposición que es el modelo que se ha aplicado en Francia y Alemania.

No obstante, las negociaciones avanzan, con distinto grado de progreso, en las conversaciones con los gobiernos de Madrid, Murcia, Canarias, Galicia, Andalucía, País Vasco, Castilla y León, Baleares, La Rioja, Navarra y Comunidad Valenciana.

Un sector que supone el 3,4% del PIB

En el caso de que el Gobierno no establezca las ayudas de forma urgente, el sector de la sanidad privada se muestra enormemente preocupado ante el riesgo "de quiebra asistencial y financiera". Desde el sector, que da trabajo a 266.000 personas y representa el 3,4% del PIB, denuncian que cientos de centros sanitarios "son incapaces de asumir gastos corrientes, fundamentalmente pequeñas clínicas". 

Medidas para dotar de liquidez

El ministro de Sanidad, Salvador Illa comprometió a principios de junio en una reunión con el presidente de ASPE, Carlos Rus, una respuesta en 10 días a las medidas específicas para dotar de liquidez y fiscales: compensaciones por la atención de pacientes derivados de la pública y por la puesta a disposición de recursos asistenciales bajo el mando único sanitario y las consejerías de sanidad de los gobiernos autonómicos; y un IVA superreducido sobre compras de equipo y suministros sanitarios, con efectos de esta regulación desde el momento de decretarse el Estado de Alarma.

En ese mismo encuentro, el sector solicitó ser considerado de forma previa en los criterios de reparto que fijaría el real decreto del fondo autonómico sanitario de 9.000 millones de euros.

No obstante, ahora denuncian "la ausencia de avances y la única vía de liquidez proviene de la facultad de los gobiernos regionales de facilitar ayudas al sector".

Alto impacto económico: el precio de las mascarillas disparado

El impacto en la facturación varía en función de la comunidad autónoma analizada, siendo Murcia, La Rioja, Cantabria y Asturias las que han sufrido un mayor descenso. Por el contrario, Madrid, Castilla y León y Cataluña han sido las comunidades que se han visto menos afectadas. 

La caída de facturación es menos acusada en estas regiones al haber tratado a un mayor número de pacientes de COVID-19 y al haber facturado actividad de compañías aseguradoras correspondiente a meses anteriores. Los centros sin internamiento han descendido durante este periodo su facturación más de un 85% de media respecto a la actividad ordinaria pre-COVID y los centros hospitalarios más de un 60%, según ASPE.

El importe destinado a la compra de material sanitario relacionado con la COVID-19, se ha incrementado un 71% respecto al importe gastado a lo largo de todo el año 2019. El caso más extremo es el de las mascarillas quirúrgicas, cuyo precio se ha incrementado un 1.423% con respecto al precio existente en diciembre de 2019.