Aún no hay acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales para extender los ERTE provocados por la crisis del coronavirus más allá del 30 de junio, aunque el acuerdo está cada vez más cerca. Este miércoles, Trabajo, sindicatos y patronal estuvieron reunidos durante unas ocho horas para tratar de desencallar la situación, y fuentes del diálogo social explican que el Ministerio mejoró su anterior oferta y renunció a eliminar los ERTE por fuerza mayor totales, los que implican el cierre completo de la empresa. Los contactos seguirán durante este miércoles, aunque no hay una reunión fijada hasta el jueves.
La negociación comenzó este miércoles a las 9.00 de la mañana y, tras algunos recesos, finalizó en torno a las 17.00 horas para que sindicatos y patronal lleven a sus órganos de gobierno la propuesta negociada. Como las dos últimas semanas, las conversaciones han acabado sin acuerdo, pero el tiempo apremia (queda menos de una semana para que finalicen las medidas actualmente en vigor) y eso se ha notado en el acercamiento que ha habido en las últimas reuniones.
Pese a su intención inicial de que los ERTE se extendieran hasta final de año, finalmente sindicatos y patronal han aceptado que en una primera etapa esta prórroga sea hasta el 30 de septiembre, aunque no se descarta que en esa fecha vuelvan a alargarse. El lunes pasado, el principal escollo se encontraba en qué empresas deben beneficiarse de las exenciones tributarias en las cotizaciones sociales que pagan por cada empleado en nómina, aunque los agentes sociales también pedían mantener los ERTE por fuerza mayor en las empresas que aún no han reabierto y que se prevé que no puedan hacerlo en los próximos meses.
En principio, Trabajo se negaba a mantener estos ERTE totales por fuerza mayor, ya que entendía que la reactivación de la actividad permitía a las empresas ir abriendo poco a poco, y pretendía acoger a las compañías aún en dificultades bajo el paraguas de los ERTE por razones económicas o técnicas, menos ventajosos para ellas. Pero fuentes del diálogo social confirman que la nueva oferta contempla mantenerlos hasta septiembre, aunque reduciendo el porcentaje de exención en el pago de las cotizaciones sociales que pagan los empresarios, que actualmente están en el 100% de la cuota para empresas de menos de 50 empleados.
Además, la oferta de Trabajo contempla la posibilidad de volver a poner en marcha estos ERTE por fuerza mayor tanto totales (en los que se manda a todos los trabajadores a casa) como parciales (en los que se deja de contar solo con parte de la plantilla) en las condiciones similares a las actuales si hubiera rebrotes que obligaran a medidas restrictivas que afecten a las empresas y paralicen su actividad. Mediante esos expedientes los empresarios se beneficiarían de sustanciosas exenciones en las cotizaciones sociales.
La rebaja de las exoneraciones
Buena parte de la reunión (y de la negociación de la última semana) se detuvo en los porcentajes de reducción de las cotizaciones sociales a aplicar para cada supuesto. En el caso de los ERTE totales de fuerza mayor -los que Trabajo quería suprimir y en los que finalmente ha cedido- que sigan en marcha tras el 30 de junio las exenciones se irán reduciendo paulatinamente. En empresas de menos de 50 trabajadores, el empresario se ahorrará el 70% de la cotización de sus trabajadores en ERTE en julio, el 60% en agosto y el 35% en septiembre. Y en empresas más grandes, la reducción será del 50% en julio, el 40% en agosto y el 25% en septiembre.
Más ventajosas serían las condiciones para los empresarios que tuvieran que declarar ERTE, parciales o totales, en las zonas en las que hubiera rebrotes. La exención allí sería del 80% en el caso de las empresas de menos 50 empleados, y del 60% en el caso de las que tengan una plantilla más grande. Las condiciones para los trabajadores serían las mismas que hasta ahora: tendrían derecho a prestación por desempleo en cualquier caso y no les restaría meses de paro.
Fuentes del diálogo social confirman que el Gobierno también prevé mantener otras de las medidas ya aprobadas, como prohibir acogerse a los ERTE a empresas radicadas en paraísos fiscales o vetar el reparto de dividendos si se ha aplicado un expediente.
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