El Ministerio de Seguridad Social ha comunicado este miércoles a las asociaciones de autónomos que no quiere extender más allá del 30 de junio la prestación extraordinaria por cese de actividad por la Covid-19 pero a cambio les ha ofrecido agilizar la prestación ordinaria para aquellos que se hayan acogido a la extraordinaria, que esta sea compatible con la vuelta a la actividad y que suponga también la vuelta al pago de la cuota de autónomos, de forma gradual, a partir de agosto.

Para cobrar esta misma versión, se mantiene el requisito de caída de ingreso por encima del 75% y como novedad, que no ingresen más de un 1,5 veces el salario mínimo interprofesional. De manera general, todos los autónomos que hayan cobrado la prestación extraordinaria durante la pandemia tendrán una exoneración parcial de cuota que irá reduciéndose de forma gradual entre julio y septiembre.

ATA, UPTA y UATAE se han reunido este miércoles con el director general de Ordenación de la Seguridad Social, Borja Suárez, que les ha planteado una propuesta que elimina la prestación extraordinaria para sustituirla por la ordinaria, con mejoras y también perjuicios, a ojos de los participantes en el encuentro. En general, no obstante, las organizaciones la han considerado más que un buen punto de partida hacia el acuerdo.

"Hemos avanzado de forma importante", ha afirmado el presidente de UPTA, Eduardo Abad, sobre el "nuevo modelo" que plantea Seguridad Social. El acuerdo, ha dicho, "está pendiente por nuestra parte de pequeñas matizaciones pero cumple con las expectativas", ha afirmado.

Un poco más crítica se ha mostrado UATAE, que sigue considerando "excesivas" algunas limitaciones a la prestación, como tener que sumar a la caída de ingresos del 75% no superar los 1.450 euros al mes o que la prestación para autónomos temporales sea de tres meses y no de seis. En todo caso, también esta organización ha encontrado puntos positivos, particularmente que la prestación para quienes la perciban se mantendrán en el 70% de la base de cotización y que es compatible con retomar la actividad.

ATA, por su parte, ha declinado hacer valoraciones hasta que el acuerdo no esté cerrado definitivamente.

De momento, no lo está pero después de la sorpresa que causó en algunos que el lunes pasado el ministro, José Luis Escrivá, no les planteara ninguna propuesta concreta, los autónomos ven en la de hoy un avance importante. Han quedado en volver a hablar y en la reunión se ha constatado “voluntad” por parte del Gobierno para llegar a un acuerdo con los autónomos antes de aprobar el nuevo régimen de ayudas en el Consejo de Ministros. Las fuentes no ven mucho más margen para que sea en una reunión extraordinaria este viernes porque la prestación extraordinaria solo estará vigente hasta el martes que viene.

Por una parte, la nueva ayuda quedaría restringida solo a los autónomos que ya se acogieron al cese de actividad por la Covid-19. No será extraordinaria, sino la ordinaria y el Gobierno se compromete a agilizar los trámites para que pueda cobrarse pronto. En términos de cantidad, desde las organizaciones se traslada que sería más o menos igual, puesto que sería el 70% de la base reguladora. El punto negativo es que, a diferencia de la extraordiaria, con la ordinaria sí se consume este derecho a ‘paro’ de los autónomos.

Para todos los autónomos que cesaron por el Covid-19, el Gobierno les ofrece la exoneración del 100% de la cuota de autónomos correspondiente a julio, el 50% de la de agosto y el 25% de la de septiembre.

Sin embargo, para poder acogerse a la prestación ordinaria -un mínimo de unos 700 euros al mes- los autónomos no solo deberán registrar una caída de ingresos del 75% con respecto al año pasado, tampoco deberán superar ahora ingresos de más de 1,5 salario mínimo, es decir, 1.425 euros al mes.

Autónomos de temporada

Por lo que respecta a los autónomos de temporada, los que se suelen dar de alta entre marzo y octubre para trabajar principalmente durante el verano, la propuesta que hace el Gobierno consiste en que tengan derecho a una ayuda similar pero siempre que hayan estado de dados de alta como temporales en 2017, 2018 y 2019, cuando lo que pedían algunos colectivos es que fuera solo un año. Además, sólo cobrarían la prestación entre julio y octubre, con independencia del mes en el que se suelan dar de alta. De manera general, el grueso de altas se produce entre abril y mayo.

UATAE ha considerado estos requisitos “excesivos” y “muy restrictivos”, aunque sí han quedado más conforme con otro elemento de la propuesta del Gobierno, que para acogerse a esta ayuda los ingresos estén por debajo de un salario mínimo, 950, teniendo en cuenta toda la anualidad, dado que “hay gente que con el trabajo de la temporada estival vive todo el año”, dicen en esta asociación que califica esta propuesta concreta de “garantista”.