Ibáñez, que ha admitido que con este decreto ley se "corrige" una decisión adoptada por el Ejecutivo de Juan Vicente Herrera, ha asegurado que va a actuar con "plena sujeción y respeto" a las resoluciones judiciales que han determinado la actual situación y que estará "muy atento" para dar los pasos "siempre" dentro de los cauces del camino que marcan las instancias judiciales.

"Va a haber resultados satisfactorios a medida que pase el tiempo", ha augurado el consejero de la Presidencia quien, tras destacar el "amplio consenso" que ha suscitado este texto, ha lamentado la abstención del Grupo Socialista en la convalidación del decreto ley cuando "su sindicato", en referencia a UGT, ha votado a favor.

Sin embargo, la procuradora socialista Yolanda Sacristán, que ha pedido la tramitación del decreto a través de un proyecto de ley que no ha salido adelante, ha acusado a la Junta de no haber contado con la oposición "para nada" y ha argumentado la abstención del grupo mayoritario en la falta de concreción "de muchas cosas", con una crítica expresa a la falta de plazos que ha sido contestada por el consejero que, "desde el cariño", ha recomendado a la socialista que "lea un poco más" porque en el decreto sí hay plazos.

En este punto, Sacristán ha pedido el turno de palabra en alusión de un artículo del reglamento que ha sido rechazado por el presidente de las Cortes, Luis Fuentes, que ha sido tajante al asegurar que no se iba a abrir debate, ante el enfado de la bancada socialista. "¡Qué atropello!", se ha escuchado exclamar a la vicepresidenta, Ana Sánchez.

Para la procuradora del PP Leticia García la convalidación del decreto ley supone la "luz al final del túnel" y una oportunidad para "recuperar el tiempo perdido" mientras que la procuradora de Ciudadanos Marta Sanz ha reconocido la necesidad de hacer "tablar rasa" en un "punto de inflexión" para buscar desde el diálogo y el consenso una "solución eficiente y eficaz" que permita sortear la controversia generada.

"No es un capricho, hablamos de un imperativo", ha añadido Sanz que ha destacado, en sintonía con el resto de los intervinientes, que la crisis del COVID-19 ha puesto en valor la capacidad de adaptación, sacrificio y trabajo de los servidores públicos sin que se haya alterado el orden y la eficacia de los servicios públicos.

Sin embargo, la procuradora socialista Yolanda Sacristán ha aclarado a Ibáñez que el decreto ley presentado por la Junta es "la crónica de una muerte anunciada" y el "final de cine en el colofón de una historia de desencuentros" que han dejado a la Administración "en un limbo" pero por los que, según ha lamentado, nadie asumirá responsabilidades.

Ibáñez ha explicado que ahora se trata de llevar a cabo una regulación de los instrumentos de organización que permita elaborar de forma ágil las relaciones de puestos de trabajo, o sus modificaciones, que se deben acometer "de manera inminente".

Las novedades respecto a la regulación actual contemplan la supresión del catálogo de puesto tipo como instrumento organizativo de la estructura de la Administración de la Comunidad y la obligación de adaptación de puestos que éste imponía y se considera que el instrumento básico de organización son las RPT.

También se regula "de manera exhaustiva" el concepto, requisitos, y procedimiento de elaboración, tramitación y aprobación de las relaciones de puestos de trabajo; se regula de manera novedosa la atribución temporal de funciones de inspección administrativa y autoridad en situaciones extraordinarias, para afrontar situaciones como la producida por la COVID-19, y se establece un régimen transitorio en cuanto a los concursos de méritos ordinarios y específicos, hasta la aprobación de las nuevas relaciones de puestos de trabajo.