Este documento contempla la evaluación de los servicios Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como de la Agencia Tributaria Canaria; el diagnóstico del nivel de la implantación de la dirección por objetivos en las empresas y fundaciones públicas y la evaluación de la organización, funcionamiento y medios de los servicios responsables de las prestaciones de dependencia de la administración canaria.

El plan, elaborado con las propuestas presentadas por distintos departamentos del Ejecutivo, se recoge en la orden del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, del 26 de mayo de 2020, publicada este lunes en el Boletín Oficial de Canarias.

A iniciativa de la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios, se considera necesario abordar la función de TIC del Gobierno.

Al respecto, una vez concluida la Estrategia Marco Canaria de Gobierno Abierto a través de la Transparencia 2017-2019, se pretende ahondar en la elaboración y aprobación de una nueva planificación, ya en marcha, para la presente Legislatura, en la que se incluirán todas las actuaciones necesarias para adecuar la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a las exigencias de calidad de servicio público requeridas por la ciudadanía en el marco de un gobierno inteligente, abierto y digital.

Así, se estima preciso abordar el análisis y evaluación de los servicios de información y comunicación existentes con el objetivo de obtener la máxima eficiencia, en aras de mejorar la prestación de los servicios públicos.

La evaluación de los servicios de las Tecnologías de la Información y la Comunicación de la Administración canaria se centrará en la demanda de la ciudadanía sobre las nuevas tecnologías en sus relaciones con la administración y en cumplimiento efectivo de las leyes 39 y 40/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y de Régimen Jurídico del Sector Público, particularmente en lo que se refiere a derechos como la no presentación de documentos que obren en poder de la administración, la interoperabilidad o el funcionamiento correcto de los sistemas y sedes para garantizar el derecho al acceso digital a la administración.

El objetivo de esta actuación es la obtención de un diagnóstico del estado actual de los servicios TIC para identificar las posibles disfunciones existentes, aportando medidas de mejora y buenas prácticas que permitan trazar una estrategia con la que se mejoren los servicios tanto en calidad, seguridad, innovación, transparencia y coste.

AUDITORÍA DE GESTIÓN DEL SISTEMA DE PRESTACIONES

Además, a sugerencia de la Diputación del Común, y por la relevancia social del sistema de prestaciones de dependencia, se considera necesario hacer una auditoría de dicho sistema de prestaciones.

En ese sentido, es la primera vez que se evalúa en profundidad ese servicio con una relevancia fundamental para los derechos de la ciudadanía.

El plan contempla así la evaluación de la organización, funcionamiento y medios de los servicios responsables de las prestaciones de dependencia de la administración canaria, con la finalidad de obtener un análisis de los servicios responsables de las prestaciones de dependencia en relación con la situación de medios materiales, informáticos y humanos para identificar las posibles disfunciones existentes, recursos necesarios y dimensionamiento del servicio, así como para proponer mejoras organizativas que permitan prestar un mejor servicio a la ciudadanía.

El objetivo es que antes del final de legislatura las prestaciones se puedan satisfacer dentro de los plazos legales.

Por otra parte, a iniciativa de la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios en coordinación con la Dirección General de Patrimonio y Contratación, se ha advertido la necesidad de armonizar los criterios de gestión y evaluación de las empresas y fundaciones públicas, para lo que se realizará una auditoría de los modelos de gestión existentes.

De esta forma, se trata de conocer la existencia, o no, de planes estratégicos, acuerdos de gestión u otras herramientas de seguimiento y control, metodologías, grado de formación del personal directivo y predirectivo, y, en su caso, su compatibilidad y posibilidad de adaptación a un modelo de referencia común en la administración canaria y su sector público.