En rueda de prensa, el presidente, Ángel Víctor Torres, ha cometido que la medida se toma de "urgencia" a raíz de un auto judicial que ha ratificado la resolución del Tribunal de Contratos de Canarias que limitaba las funciones del administrador.

Según ha explicado el portavoz del Ejecutivo, Julio Pérez, el Parlamento lleva desde diciembre de 2018 sin nombrar a los miembros de la Junta de Control de RTVC ni ha aprobado el mandato marco por lo que amplió las competencias de Moreno para resolver asuntos propios de la "gestión ordinaria", lo que le permitía contratar la señal y determinados programas.

Ahora, pese al auto judicial, el decreto ley le permite mantener esa capacidad pero la limita a tres meses, pues tendrá que convocar un concurso público para adjudicar el contrato de transporte de la señal, lo mismo que utilizar equipos, programas y dispositivos durante tres meses más, con posibilidad de prórroga.