Según ha informado el PP en un comunicado, el texto solicita consensuar con las patronales y la Asociación de Empresas Náuticas de las Islas la posible derogación de esta tasa "dada la situación de crisis económica actual".

Marí ha explicado que "esta tasa iba a aplicarse únicamente en Baleares, lo que provocaría una pérdida de competencia en relación a muchas otras empresas del sector situadas en Barcelona o Valencia",

Por este motivo, ha destacado que el sector náutico solicita que una medida así sea consensuada, lo que "ayudaría a evitar que se repitan situaciones como la del pasado mes de diciembre, cuando APB tomó la decisión de aplazar la aplicación de esta tasa, ante el estupor del sector por, precisamente, falta de consenso e información, además de las posibles deficiencias detectadas en el pliego".

Según Marí, "la ausencia de informes técnicos que justifiquen y desarrollen el gravamen, sumado a la falta de memorias que estudien el impacto negativo, económico y de sostenibilidad financiera, hace que esta implantación sea más que dudosa", ha añadido la diputada.

El 'popular' ha cuestionado el tipo del gravamen ya que, a pesar de que la Ley de Puertos contempla el porcentaje reducido del 1 por ciento, en este caso se pretendía una horquilla del 1,5 al 3,5 por ciento de la facturación, en función del tipo de instalaciones portuarias afectadas. "No hay duda de que autónomos y pymes serán los más afectados por esta medida", ha concluido.