Cinco detenidos en un caso de cohecho y prevaricación en el Ayuntamiento de Librilla

  • Registran el Consistorio y la Consejería de Presidencia.
  • Los trabajadores municipales no pueden comunicarse con el exterior.
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Cinco personas han sido detenidas; entre ellas el ex funcionario de la Consejería de Presidencia, Luis Cano García y su mujer y un técnico del Ayuntamiento, en el marco de una investigación puesta en marcha por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Murcia por un presunto delito de cohecho, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos en el Ayuntamiento de Librilla.

El juez ha acordado la entrada y registro en unas dependencias concretas de la Consejería de Presidencia de la Comunidad Autónoma de Murcia, en el Ayuntamiento de Librilla, en una empresa municipal del municipio de Librilla, así como en domicilios particulares y sedes sociales de empresas en Murcia, Librilla y Los Alcázares.

Denuncias previas

El año pasado, el PSOE de la Región de Murcia denunció ante la Fiscalía Anticorrupción una trama urbanística en el Ayuntamiento de Librilla y un presunto trato de favor a la empresa ACADI S.L. con la adjudicación de obras públicas correspondientes a 30 Planes Parciales por valor de más de 6 millones de euros.

El entonces portavoz socialista, José Ramón Jara, reclamó a la Consejería de Presidencia el cese de José Luis Cano, director del Servicio Técnico de Asistencia a los Municipios, por su presunta implicación en los negocios urbanísticos de Librilla a través del propietario de ACADI, Domingo Peñalver.

Librilla tiene 4.225 habitantes y está gobernada por José Martínez García (PP).

Según fuentes de 20minutos, la Policía ha entrado en el edificio municipal, del que no deja salir a los trabajadores ni comunicarse con el exterior. Además, a los que han entrado después de ellos tampoco les deja salir.

Según otras fuentes, la Policía ha bloqueado todos los accesos y salidas del edificio municipal.

Ya en 2005, la Fiscalía Anticorrupción investigó al alcalde de Librilla, José Martínez García. Lo acusaban de querer pagar facturas por valor de 236.919 a dos empresas constructoras por unos trabajos «que no existen».

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