El Ejecutivo del socialista Adrián Barbón incide, en nota de prensa, en que dicho fondo permitirá disponer de "recursos extraordinarios, independientes y adicionales a la financiación autonómica" con el "objetivo paliar el esfuerzo económico que han hecho las comunidades para enfrentarse a la COVID-19".

Al respecto, la consejera de Hacienda, Ana Cárbaba, ha incidido en que no se trata de un fondo de reconstrucción, sino de un mecanismo de compensación. "Por lo tanto, las comunidades más castigadas por el coronavirus -las que han tenido más personas enfermas y más víctimas- recibirán también mayores recursos", ha dicho.

Sobre el reparto de dicho fondo, se pregunta si se querría "recibir más dinero a cambio de tener más afectados". "Sinceramente, creo que no", apuntilla la responsable económica del Gobierno asturiano, destacando que las propuestas del Principado "han elevado la cantidad que recibirá la comunidad en casi 50 millones".

Al respecto, desde el Principado resaltan que se ha atendido al criterio de la 'población protegida equivalente'; se va a considerar todas las PCR realizadas y no solo las positivas; habrá una atención específica al gasto educativo; y la compensación por la pérdida de ingresos se hará teniendo en cuenta la población ajustada y la recaudación real de determinados tributos en los tres últimos ejercicios, "de forma que se ponderen mejor las bajadas de impuestos y no se puedan camuflar como pérdidas de ingresos derivadas del coronavirus".

"Al ser tramitado como decreto ley, el fondo requiere la aprobación de las Cortes", advierte Cárcaba para apelar "a la responsabilidad y lealtad" de todas las fuerzas con representación parlamentaria en el Congreso "para que en este trámite no perjudiquen los intereses de Asturias". Con todo, se dirige especialmente a Ciudadanos, "cuyos diez diputados son claves en esa convalidación".