Esta tercera prueba de la convocatoria tenía programada su celebración el pasado mes de marzo, pero tuvo que ser suspendida a raíz de la irrupción de la pandemia y la declaración del estado de alarma.

Una vez que ya se ha fijado la fecha final del actual estado de alarma y que se pueden cumplir las medidas de prevención, el tribunal ha acordado su celebración el próximo día 29 de junio en el colegio Maestro José Fuentes y en el centro cívico Blas Infante, toda vez que son 208 las personas que participan en esta última prueba del proceso selectivo.

La convocatoria de plazas correspondientes a vacantes generadas en los años 2013, 2014 y 2016 incluye 50 plazas aunque nueve de ellas son de movilidad horizontal y por tanto llevan un procedimiento distinto para su adjudicación que se resolverá próximamente. Las personas que se presentan a esta última prueba optan por tanto a 41 plazas y una vez que estén los resultados definitivos, se iniciará su incorporación a la academia para el periodo de formación previo a su ingreso en el cuerpo de Policía Local.

LA SENTENCIA DE LAS OPOSICIONES DE 2012

La prueba se celebrará precisamente después de que hace pocos días, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número siete de Sevilla, en una sentencia recogida por Europa Press, ordenase retrotraer la oposición promovida en 2012 para cubrir 56 plazas de agente de Policía Local, al momento anterior al de proponerse el caso práctico, al considerar que "se produjeron irregularidades invalidantes", anulando el nombramiento como funcionarios de los opositores seleccionados dadas "las sospechas fuertes y contundentes de que el caso práctico hubiera sido filtrado", pues tal extremo afecta a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el ingreso en la Función Pública.

No obstante, el Ayuntamiento hispalense ha anunciado que estudia recurrir dicha sentencia, principalmente porque la resolución judicial "establece la suspensión de la prueba (del caso práctico) con carácter general para todos" los aspirantes a aquella oposición, cuando la investigación promovida por la vía Penal por la presunta filtración del contenido de dicho examen "afectó en torno a diez personas", según indicaba el alcalde, Juan Espadas.