El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Valdemoro, que investigó un presunto delito de denegación de auxilio en una residencia de mayores Pablo Neruda de la localidad de Ciempozuelos en la que fallecieron varias personas con Covid-19, archivó las diligencias previas abiertas en las primeras semanas de la pandemia al no hallar indicios de delito en las conductas investigadas.

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El archivo de la causa, que fue notificado este jueves a la Consejería de Sanidad pero data del 30 de marzo, contó con el visto bueno de la Fiscalía, que lo había solicitado previamente al juez instructor, el magistrado Javier Corral.

La denuncia había sido interpuesta por los familiares de una de las personas que fallecieron en el geriátrico, de gestión privada y que tiene alrededor de medio centenar de habitaciones. Los denunciantes solicitaron que como medidas cautelares se acordara la conversión de la residencia en un hospital geriátrico, a instancia de la Comunidad de Madrid o del Estado, pero esta solicitud también fue rechazada.

Según se desprende del auto judicial, la situación de pandemia que se dio en la Comunidad de Madrid derivó en una "objetiva saturación" de la administración sanitaria y ello, a su vez, en una situación en la que "difícilmente" se podía cubrir toda la atención que se le reclamaba a la administración autonómica.

"No es posible en Derecho imputar a la Comunidad de Madrid un delito de omisión del deber de socorro dada la clara inexistencia de dolo o de intencionalidad en no prestar la atención o desatender las reclamaciones de ayuda que se le hacen", señala el auto.

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"La situación pandémica, con las referidas características, actúa como una lógica causa de justificación, excluyendo la culpabilidad en los hechos y consecuentemente su carácter jurídico-penal", abunda la decisión judicial.

A pesar de no estimar la denuncia de los familiares, el magistrado que conoció la causa puso los hechos en conocimiento de la Comunidad de Madrid, del Estado y del Ministerio de Defensa y les pidió que tuvieran en cuenta lo sucedido.

En concreto, el juez Javier Corral solicitó a las citadas administraciones que, "en la medida de sus posibilidades", adoptaran las decisiones oportunas para dotar de equipos de protección tanto al personal del geriátrico como a sus residentes. También les instó a organizar una desinfección de las instalaciones del centro.

Con ambas medidas, el magistrado esperaba que se pudiera garantizar la salud pública en la residencia y reducir el riesgo de contagio de internos y empleados.