Alberto Pérez Miranda, uno de los abogados que participó en la concentración inicial del pasado 29 de mayo, explicaba a Europa Press que entonces, la Justicia llevaba "paralizada casi tres meses, salvo una mínima actividad con presos", lo que estaba suponiendo ya la "ruina" para muchos profesionales.

Según ha explicado, dado que la Justicia está declarada como "servicio esencial" durante el estado de alarma, los profesionales del sector no pueden acogerse a las prestaciones estatales específicamente orquestadas para los afectados por las restricciones del estado de alarma, pese a que carecen de actividad dada la "paralización" de la mayor parte de la Justicia. "Es una contradicción. Los profesionales están en sus casas, no en los despachos", ha lamentado.

"Pese a la fase tres, la actividad judicial dista mucho de estar normalizada. Los profesionales no tenemos libre acceso a las dependencias judiciales, no hay criterios unívocos para la celebración de juicios telemáticos y no se han implantado todas las medidas exigidas por Sanidad. Por ello el ciudadano sigue indefenso y los profesionales solo quieren que les dejen trabajar", manifiestan ahora estos letrados.

Del mismo modo, este abogado avisaba de que esta situación va a derivar en "un embudo muy grande" en la tramitación de las causas judiciales, insistiendo en que hasta el 15 de septiembre "no se prevé la reactivación normalizada de la actividad judicial", pues a las restricciones derivadas del estado de alarma por la pandemia se le suma que entre junio y septiembre "la Justicia funciona siempre en niveles mínimos por el reparto de vacaciones de los funcionarios".