Condenan al exalcalde y un exconcejal de CDC en Torredembarra (Tarragona) por fraude

El Juzgado Penal 2 de Tarragona ha condenado al exalcalde de CDC en Torredembarra (Tarragona) Daniel Masagué y al exconcejal por la misma formación Pere Font por la adjudicación fraudulenta de los chiringuitos de la ciudad entre 2011 y 2014 al empresario y miembro del partido Gerard Montserrat, también condenado en la causa.

La sentencia, consultada por Europa Press, condena a Masagué a dos años de prisión por fraude y prevaricación, además de 17 años de inhabilitación; por los mismos delitos, la sentencia fija un año y medio de cárcel y 15 años de inhabilitación para Font; y a Montserrat le inhabilita seis años para ejercer un cargo público y tres años para recibir subvenciones y ayudas públicas.

Además, entre los tres deberán pagar al Ayuntamiento de Torredembarra los 30.212,49 euros que el juez considera probado que estafaron con la adjudicación de los chiringuitos entre 2011 y 2014.

La sentencia relata que Masagué, Font y Montserrat "se concertaron" para beneficiar al empresario, desde 2013 presidente de CDC en el municipio, con la adjudicación del alquiler y compra de los chiringuitos.

"Adjudicación que se llevaría a cabo con desprecio total de las normativas administrativas y legales de contratación pública, evitando así la posible concurrencia, licitación o intervención de terceros ajenos a ese concierto previo", explica el juez en la sentencia.

El texto recoge los expedientes para la contratación que firmaron "tratando de dar una apariencia de legalidad a la adjudicación", que aprobaron tramitar en un procedimiento negociado y sin publicidad: se presentaron tres empresas, incluyendo la de Montserrat, y las otras dos se retiraron del concurso.

"DISCONFORMIDAD" DE LA DEFENSA

El abogado de la defensa, Pau Simarro, ha expresado en declaraciones a los periodistas su "absoluta disconformidad" con el fallo, y ha avisado de que presentará un recurso de apelación ante la Audiencia de Tarragona.

"El juez ha aceptado todo el relato del Ministerio Público y la acusación particular" que ejerce el Ayuntamiento, ha reprochado Simarro.

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