La empresa de Rafael Gómez, Arenal 2000 , ha dicho que el empresario "en ningún caso" ha tenido ni tiene "conocimiento y constancia" de que las 410 obras de arte intervenidas por la Policía en sus instalaciones y vinculadas a la operación Malaya sean propiedad de Juan Antonio Roca.

En un comunicado, en el que no se aclara de quién son propiedad los cuadros, la empresa ha reaccionado a la intervención de 410 obras de arte vinculadas a la denominada operación Malaya contra la corrupción inmobiliaria y municipal y que, según la Policía Nacional, están atribuidas a Sorolla, Tapies, Dalí, Miró, Ismael Gómez de la Serna, Benjamín Palencia y Joaquín Torres García, entre otros artistas de renombre.

Arenal 2000 también ha indicado que los cuadros intervenidos no son de Gómez ni de ninguna de sus empresas, sino que han sido transportados y depositados en sus instalaciones para su exposición con el fin de que los peritos del Estado, adscritos al Ministerio de Cultura, pudieran examinarlos y valorarlos, por si fueran de utilidad para cancelar la deuda que tienen contraídas las empresas de Gómez con la Hacienda Pública del Estado.

La intención de Arenal 2000 era que los peritos del Estado determinaran qué obras de arte podrían servir para saldar su deuda con la Hacienda Pública, y en ese caso adquirir estos cuadros mediante la permuta por propiedades inmobiliarias para saldar sus deudas con Hacienda mediante estas piezas artísticas.

De este modo, la empresa ha explicado que la Hacienda Pública del Estado únicamente admite para el pago de su deuda efectivo-metálico o bienes que puedan integrarse en el patrimonio histórico-artístico, de forma que, una vez determinados por los peritos aquellos cuadros que pudieran ser de utilidad para la cancelación en todo o en parte de dicha deuda, se procedería a adquirirlos.

Cambio por terrenos

Según Arenal 2000, esta adquisición se realizaría mediante una permuta por bienes inmuebles de equivalente valor a favor de los titulares o propietarios de los cuadros para su inmediata entrega a la Hacienda Pública en pago de la deuda.

El comunicado añade que la intervención judicial de los cuadros es consecuencia de que quienes "han traído y depositado" las obras de arte, que tampoco se aclara quiénes son, tienen, a su vez, contraída una obligación de pago o afianzamiento con el Juzgado interviniente que no han llegado a cumplimentar y que era "ajena totalmente" a Gómez, según la resolución judicial que se entregó en el momento de la intervención.

Todo lo anterior, según la empresa, se ha puesto en conocimiento del Juzgado interviniente, que no ha efectuado "imputación alguna" a Gómez en relación a las obras de arte, y apunta la nota que "en ningún momento se ha llamado a declarar a ningún responsable de Arenal 2000".

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