Según ha indicado la entidad en un comunicado, la situación actual "ha dejado al descubierto que los Servicios Sociales municipales, a pesar de haberse visto reforzados con la incorporación de personal en los últimos años, no disponen de los recursos suficientes para afrontar el gran aumento de personas en situación de necesidad y riesgo de exclusión que se espera en los próximos meses".

"La exclusión de servicios sociales en el reparto del fondo social del Gobierno estatal complica todavía más la viabilidad de la atención integral que necesitan las personas más vulnerables, lo cual supone, una vez más, que la cuarta pata del Estado de Bienestar (los servicios sociales) no tiene el respaldo ni la consideración que tienen la sanidad, la educación y las pensiones", han manifestado.

El Colegio Oficial de Trabajo Social de València entiende que las trabajadoras y los trabajadores sociales "no son tramitadores de solicitudes, sino que su trabajo va mucho más allá, ya que acompañan a las personas a desarrollar sus capacidades, que les permitirán resolver los problemas a los que se enfrentan, además de facilitar la información que necesitan y conectar con los organismos que resuelven las prestaciones económicas, entre muchas más funciones".

Por eso, la entidad colegial ha considerado que la tramitación del IMV "tiene que ser competencia de un organismo estatal, como la Seguridad Social (INSS), y ser gestionada por esta mediante auxiliares administrativos".

"Si se sobrecargan los profesionales del trabajo social de los Servicios Sociales de las entidades locales con estas tareas administrativas, no podrán intervenir en la atención directa que requieren las personas más vulnerables para luchar contra su exclusión social", han aseverado.