El excoronel acusado de la matanza de los jesuitas en El Salvador declara este miércoles en la Audiencia Nacional

El excoronel y exviceministro de Defensa salvadoreño Inocente Montano, durante su juicio en Madrid por la matanza de cinco jesuitas españoles en El Salvador en 1989.
El excoronel y exviceministro de Defensa salvadoreño Inocente Montano, durante su juicio en Madrid por la matanza de cinco jesuitas españoles en El Salvador en 1989.
KIKO HUESCA / EFE

El excoronel y exviceministro de Defensa salvadoreño Inocente Montano declara este miércoles en el juicio por la matanza de cinco jesuitas españoles cometida en El Salvador en 1989 que se celebra ante la Audiencia Nacional.

Montano es el único acusado en este procedimiento toda vez que el tribunal exoneró de toda responsabilidad penal al exteniente René Yusshy Mendoza al declarar prescritos los hechos el pasado lunes, cuando dio comienzo la primera sesión de la vista oral.

La Fiscalía pide 150 años de cárcel para el antiguo alto mando militar, que permaneció dos años detenido en EE UU, hasta su entrega a España en 2017, tiempo que lleva en prisión provisional.

Se convertirá así en el primer militar salvadoreño que responderá ante la Justicia española por la muerte de los jesuitas, entre ellos Ignacio Ellacuría, entonces rector de la Universidad Centroamericana e ideólogo de la Teología de la Liberación.

De hecho, es el único procesado puesto a disposición de la Justicia española, después de que las autoridades salvadoreñas denegaran las órdenes de extradición de una veintena de exmilitares acusados de participar en el diseño y ejecución de los asesinatos.

"Un estado de terror"

La madrugada del 16 de noviembre de 1989, en medio de la mayor ofensiva insurgente registrada durante la guerra civil salvadoreña (1980-1992), un comando de soldados de élite asesinó a los religiosos en el campus de la Universidad Centroamericana (UCA).

Los jesuitas asesinados fueron los españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno. También lo fueron junto a ellos los salvadoreños Joaquín López (sacerdote), la empleada doméstica de la universidad Julia Elba y su hija menor Celina Mariceth Ramos. 

Carteles en recuerdo de los cinco jesuitas españoles y los tres ciudadanos salvadoreños asesinados en El Salvador en 1989, en el jardín de la Universidad Centroamericana, en San Salvador, donde perdieron la vida.
Carteles en recuerdo de los cinco jesuitas españoles y los tres ciudadanos salvadoreños asesinados en El Salvador en 1989, en el jardín de la Universidad Centroamericana, en San Salvador, donde perdieron la vida.
JOHAN BERGSTRÖM-ALLEN / WIKIMEDIA COMMONS

"Los procesados, junto con terceras personas no investigadas en el presente procedimiento, constituyeron dentro del Estado de El Salvador, una estructura paralela, al margen de la legalidad, que alteró gravemente la paz pública, provocando un estado de terror en la población a través de ejecuciones de civiles, desapariciones forzadas...", destaca el escrito de la Fiscalía.

Según su relato, el año 1989, cuando se produjo el crimen, "fue el punto clave de la década de guerra civil en El Salvador" al alterar los resultados de las elecciones "de forma irrevocable el panorama político del país".

Intermediarios

En esta situación, "los jesuitas, especialmente Ignacio Ellacuría, habían asumido el liderazgo" para negociar una salida dialogada al conflicto armado.

Según la Fiscalía, "era el único intermediario que hablaba con todas las partes y actuaba de puente entre el presidente [Alfredo] Cristiani y los rebeldes", lo que lo convirtió en "objetivo de los militantes de la extrema derecha", que culpaban a la Iglesia de formar parte "de una conspiración comunista internacional".

En este contexto, el 15 de noviembre, "el Alto Mando y otros líderes militares veteranos, la mayoría de los cuales pertenecían a la Tandona (una asociación de 20 oficiales que ocupaban las posiciones claves del ejército y del gobierno), decidieron proceder con las ejecuciones de los jesuitas".

Montano permaneció dos años detenido en EE UU. hasta su entrega a España el 29 de noviembre de 2017 y tras comparecer ante el juez en silla de ruedas y alegar motivos de salud para evitar ir a la cárcel, se encontraba en prisión preventiva a la espera de juicio.

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