Según ha indicado la Generalitat en un comunicado, al inicio la crisis del coronavirus el pasado marzo, Martínez Dalmau "aseguró que ninguna persona residente en vivienda pública que hubiera perdido su trabajo o reducido sus ingresos debido a la Covid-19 iba a perder su vivienda", ya que "se iba a aplicar una exoneración del pago del alquiler al cien por cien de los inquilinos por un periodo de tres meses".

La situación derivada de la pandemia se ha extendido en el tiempo más de lo esperado, así como las restricciones de movilidad que ha conllevado. Por ello, desde la Conselleria se ha considerado necesario prorrogar en el tiempo las medidas de bonificación o exención del pago de las rentas.

"Con el estado de alarma todavía activado, la desescalada en marcha y con una incorporación al mercado laboral que no es total por los efectos de la pandemia, somos conscientes que muchas familias no tienen recursos para hacer frente al pago de sus alquileres", ha declarado el vicepresidente.

Con esta decisión, se pretende que muchas personas afectadas por situaciones extremas "no se tengan que ver en la tesitura de destinar sus escasos recursos a pagar el alquiler o atender los gastos familiares de primera necesidad".

Hay que tener en cuenta que los arrendatarios de viviendas del parque público de la Generalitat cumplen todos ellos criterios de vulnerabilidad económica y social, encontrándose muchos en situación de exclusión social.

"En este contexto de crisis, es indiscutible que el impacto económico y social de la misma tendrá una incidencia mayor en el colectivo de arrendatarios de vivienda pública, tal como ocurrió con la crisis económica de 2008. De ahí la necesidad de adoptar medidas contundentes y efectivas", ha remarcado Martínez Dalmau.