Era una de las posibilidades y parece que será la definitiva, sobre todo por las fechas que corren. El Gobierno central sigue sin apuntar ninguna medida para permitir que los padres puedan volver a sus trabajos presenciales mientras los hijos siguen sin colegio y el fondo de 2.000 millones para gasto educativo es visto ya dentro del Ejecutivo como la solución para que los gobiernos autonómicos sufraguen este gasto. Esta nueva partida forma parte del ‘fondo Covid’ dotado con 16.000 millones, del que en el último momento ha desaparecido una partida de 1.000 millones para política social, también para residencias de mayores.

El Ministerio de Educación celebró este domingo que la nueva partida para educación que el presidente, Pedro Sánchez, comunicó a los presidentes autonómicos. El departamento que dirige Isabel Celáa aseguró que se destinará para “educación pública”, para “garantizar el derecho a la educación de todos los alumnos. Serán los Gobiernos autonómicos los que decidan las medidas concretas, pero Educación habla de algunas como “refuerzo del profesorado” o formación.

Prestación para padres, cheque-canguro o actividades alternativas: el Gobierno busca cómo conciliar sin colegio

Sin embargo, nada impediría a los gobiernos autonómicos sufragar con parte de este fondo los gastos que generen medidas para conciliar la vuelta al trabajo presencial de padres de menores que todavía no tienen colegio ni una fecha clara para volver a las clases. Sánchez afirmaba este domingo que este fondo no es finalista -en ninguna de sus modalidades, ni en la partida de gastos educativo, ni sanitario ni para compensar la caída de ingresos públicos- y que los presidentes regionales no tendrá que dar cuenta de su uso más que a “los ciudadanos”.

Una gran demanda muy general desde hace semanas es la de disponer de ayudas o medidas para evitar que los niños se tengan que quedar solos en casa mientras su padres vuelven al trabajo. A medida que el Gobierno ha ido flexibilizando las restricciones sobre lo que se puede y no se puede hacer en las distintas fases de desescalada, han arrecido las críticas de quienes creen incoherente priorizar la apertura de playas y discotecas pero no tener claro aún cuando van a abrir los colegios.

Por su parte, ERC llevan semanas exigiendo al Gobierno que estudie alguna “prestación” para garantizar el cuidado de los menores sin escuela y la Junta de Extremadura anunció que dedicaría a estos menesteres parte de su presupuesto de infancia y juventud.

Aunque no Educación, en otros dos ministerios de índole económica no se ve impedimento en que las comunidades que lo necesiten empleen parte del fondo de 2.000 millones para educación en esta cuestión. “Tendría sentido”, señalan en Inclusión y Seguridad Social. Si es “gasto educativo” podría ser, afirman en Hacienda.

Sin medidas a la vista

Más aún cuando parece ya cada vez más lejana la posibilidad de que el Gobierno central dé con una medida concreta de conciliación. En los pocos días que medió en marzo entre el cierre de los colegios por el coronavirus y la declaración del estado de alarma, el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, apostó por crear una prestación similar a la baja de maternidad o paternidad para que los padres cuidaran a sus hijos en lugar de volver al trabajo. La idea se abandonó cuando se decretó el estado de alarma que, entre otras cosas, impuso el teletrabajo en los sectores donde es posible y no parece que vuelva a retomarse. Hace unas semanas, la ministra de Igualdad, Irene Montero, recuperó la idea, pero en el Ministerio de Escrivá se apostaba ya más bien por una medida que incentivara la vuelta al trabajo en lugar de que los padres sigan en casa.

En cualquier caso, lo cierto es que el Gobierno central sigue sin dar con la medida de conciliación más adecuada y toma fuerza una idea que ya se apuntaba hace semanas, que una de las opciones podía ser que las comunidades corrieran con ese gasto por medio del ‘fondo Covid’ de 16.000 millones de los que ahora 2.000 serán para un fondo educativo.

Residencias y rentas mínimas

Sánchez confirmó este domingo la inclusión de esta partida que ha supuesto la salida de un fondo de 1.000 millones previsto inicialmente para financiar la política social de los gobiernos autonómicos. Tal y como señaló hace unas semanas la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, estos recursos podrían destinarse también para mejorar una asistencia que ha mostrado su extrema fragilidad durante la pandemia, en las residencias de ancianos.

En Hacienda restan importancia a esta desaparición y recuerdan que las comunidades “nunca han tenido tanto dinero” para gasto social porque entre el incremento de recursos del sistema de financiación y el Fondo Social Extraordinario van a disponer este año de 24.500 millones de euros adicionales.

Además, apuntan a otro posible trasvase de fondos en las comunidades. Los gobiernos regionales podrían cubrir las necesidades en sus residencias de mayores con fondos que podrían dejar de gastar en sus rentas mínimas, que el Gobierno cuenta con que disminuirán o incluso desaparecerán al existir ya el Ingreso Mínimo Vital a nivel estatal.