El Ayuntamiento de Valladolid defiende que las licencias ambientales "se ajustan a la legalidad vigente"

El Ayuntamiento de Valladolid ha defendido este viernes que las licencias ambientales que emite se ajustan a la legalidad vigente que, considera, no obliga a publicar en Internet la totalidad del expediente y, además, ha añadido que se someten a la información pública exigida.

Así ha respondido este viernes la Administración municipal ante el comunicado en el que Ecologistas en Acción advertía de que se ha incumplido la exigencia de publicar las licencias ambientales en la Web entre el año 2016 y principios de 2020.

En un comunicado remitido por el Ayuntamiento a los medios de comunicación, recogido por Europa Press, se precisa que desde enero de 2020 se procede a exponer en la web municipal "todos los proyectos de licencia ambiental", pero ésto se considera una muestra de la intención del Consistorio de "primar la transparencia", al tiempo que afirman que hasta ese momento también se ha cumplido la legalidad, al contrario de lo que mantiene la organización ecologista.

En relación con la nota emitida, el Ayuntamiento ha reconocido que desde principios del año 2019 Ecologistas en Acción, "a través de alegaciones y recursos" advierte de que en la tramitación de las licencias ambientales "se incumple el artículo 76.2 de la Ley 39/2015, de 01 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas, al no publicarse en la web municipal, la documentación del expediente, entendiendo nula la información pública practicada".

Pero el Ayuntamiento ha explicado que en la tramitación de una licencia ambiental, como en cualquier licencia, "es la normativa la que impone cómo se tramita, qué se somete a información pública y por cuánto tiempo" y en este caso, entiende que lo aplicable es el Texto refundido de la Ley de Prevención ambiental de Castilla y León aprobado por Decreto legislativo 1/2015, de 12 de noviembre.

El procedimiento establecido para la tramitación de las licencias ambientales se encuentra recogido en los artículos 25 y siguientes de dicho texto legal (TRLPACYL), donde se establece un plazo de diez días, para poder ser examinado, y en su caso, presentar alegaciones con el fin de no demorar las tramitaciones e impulsar la actividad económica que conllevan las licencias ambientales, todo ello en aras a la simplificación administrativa que deriva incluso de la normativa europea.

"En ningún momento la norma exige la publicación de la totalidad del expediente, ni del proyecto técnico de la actividad en la página web municipal, ni en la sede electrónica, tratándose de una norma sectorial posterior a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno", han añadido las mismas fuentes.

Pese a la obligación establecida por la Ley de Transparencia, la ley sectorial aplicable a las licencias ambientales es, según el Ayuntamiento, posterior y establece una regulación concreta y específica para la información pública de las mismas, pero "no incluye como obligatoria la información pública a través de la web municipal, como sí hace el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobado por decreto 22/2004, de 29 de enero, en su artículo 432 en relación con los proyectos sujetos a autorización de uso excepcional de suelo".

Esta cuestión, añaden, se ha subsanado respecto a los expedientes de autorización de uso excepcional de suelo atendiendo a las alegaciones, en este caso acertadas, de la Asociación Ecologistas en acción.

No obstante, recuerdan que "dada la voluntad de ésta Administración de primar la transparencia, aun cuando no sea preceptivo, como es el caso, desde enero de 2020, se procede a exponer en la web municipal todos los proyectos de licencia ambiental que se solicitan en el municipio de Valladolid para que cualquier ciudadano o entidad pueda examinarlos telemáticamente, facilitando así su cómodo acceso".

Ello no se ha hecho antes, han precisado, porque "resultaba fundamental estudiar y fijar la conciliación de esa transparencia, con los derechos de Propiedad intelectual, que ampara a los redactores de los proyectos, y con la Protección de datos personales".

NO PROCEDE REVOCAR LICENCIAS

Esta Administración entiende que "no procede jurídicamente la revocación de licencia ambiental alguna por cuestiones formales como indican" los ecologistas, de los expedientes otorgados sin exponer el proyecto en la web municipal, al entender que no es preceptivo dicho medio de publicación para la tramitación de dichas licencias cuya regulación se indica claramente en el TRLPACyL.

El fundamento jurídico de la información pública es, en opinión del Ayuntamiento, "sin lugar a dudas informar a todos los posibles afectados por el ejercicio de una actividad, de la pretensión de desarrollar la misma. Todo ello en aras a conciliar el interés del promotor a la actividad económica y el interés del ciudadano a su salubridad y seguridad".

En ese equilibrio y en relación a los expedientes de licencia ambiental, todas las licencias otorgadas, como actos reglados, han contado con los informes técnicos favorables a su concesión y con la información pública que establece la norma a la que se ha sumado la voluntariedad de la página web en éste último año.

Asimismo, han recalcado que Ecologistas en Acción ha tenido acceso a "todos los expedientes y así lo ha manifestado, alegando lo que han estimado oportuno en cada uno de ellos" y estas alegaciones han sido respondidas "al 100 por ciento", aunque quedó pendiente de contestación expresa algún recurso por cuestiones de carga administrativa.

En cualquier caso, recuerdan que "con la aplicación del silencio negativo en caso de no resolución expresa en plazo, por lo que no se genera indefensión alguna, quedando expeditas otras vías de recurso", por lo que entiende que no se produce indefensión.

Por el contrario, como ha advertido el concejal de Movilidad y Espacio Urbano, Luis Vélez, la revocación de las licencias "sí supondría un desvío de la norma injustificado" y podría suponer un perjuicio para muchas empresas y particulares.

De hecho, se han preguntado si "se pretende mediante la revocación por un presunto defecto formal inexistente que todos los promotores de actividades concedidas en el municipio de Valladolid en estos dos últimos años se queden sin licencia" e incluso que se obligue a "cerrar sus negocios y efectuar una nueva tramitación con una nueva información pública".

Las licencias, concluye el Consistorio, "son actos reglados y nos guste más o menos si cumple la normativa no hay nada o poco que decir".

Además, sobre algún caso en concreto que precisaba el comunicado de Ecologistas en Acción, si el Plan General (PGOU) permite la actividad en el emplazamiento, ya sea una gasolinera en zona residencial o cerca de un colegio, no depende de la tramitación de la licencia, sino del propio planeamiento que entendemos con el nuevo PGOU se ha sido sensible con dichas cuestiones.

No obstante, y sin lugar a dudas, se mantiene el compromiso de la resolución expresa de cualquier escrito o recurso, que no cambia en ningún caso el fondo de lo planteado y el acomodo de las licencias ambientales otorgadas en éste Ayuntamiento de Valladolid a la normativa aplicable.

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