En la rueda de prensa posterior, Pérez ha señalado que esta decisión responde a "la defensa del interés de la Comunidad" y ha subrayado que la resolución del contrato actual cuenta con el informe favorable del Consejo Consultivo de Aragón, que ha constatado "el incumplimiento sistemático" de los plazos por la empresa adjudicataria y "la dejadez" del contratista.

La nueva licitación se agilizará "al máximo", se realizará por lotes y le será de aplicación la nueva Ley de Contratos del Sector Público, ha añadido.

Mayte Pérez ha observado que la resolución definitiva del contrato "permite exigir algún tipo de responsabilidad" y ha recalcado que el retraso en la construcción ha sido algo "ajeno, absolutamente, al Gobierno", indicando que "son cuestiones que están planteando las empresas con demasiada frecuencia".

DESDE 2017

El contrato que ahora se resolverá se adjudicó en junio de 2017 por un importe de 57,54 millones de euros y un plazo de ejecución de 52 meses, si bien las certificaciones de obra correspondientes a los meses de ejecución transcurridos suponen un incumplimiento sistemático de los plazos parciales establecidos en el Programa de trabajo y del gasto público presupuestado, hasta el punto de hacer inviable concluir la construcción en el plazo estipulado, ya que suponen un desfase de ejecución de obra de más de 17 millones de euros.

Así, los plazos establecidos marcaban que en el año 2019 se debía ejecutar obra por valor de 12,2 millones de euros, mientras que solo se certificaron 1,6 millones. Durante este año, la ejecución de obra prevista era de 17,5 millones y apenas se han presentado facturas por valor de 32.107 euros a día de hoy. De este modo, está pendiente de realizar el 90,45 % del hospital con la mitad del plazo de construcción consumido.

A tenor de estos datos, el SALUD inició de oficio, con fecha 13 de diciembre de 2019, el procedimiento para finalizar este contrato por incumplimiento culpable de la UTE contratista, un proceso que ha concluido con todos los informes preceptivos favorables, incluido el preceptivo del Consejo Consultivo.

A partir de ahora, el procedimiento establece la notificación oficial de la resolución a la adjudicataria y a sus avalistas, se procederá a la incautación de la garantía constituida por la entidad contratista, se cuantificarán los daños y perjuicios que deben ser indemnizados a la Administración, y se efectuará la inmediata recepción, comprobación, medición y liquidación de las obras realizadas en la segunda quincena de junio.